El senador socialista Ander Gil solicita al Partido Popular que en todas las instituciones “mantenga y demuestre un ‘no’ definitivo e inamovible” al fracking. Una petición que considera que es de “cumplimiento urgente” después de que hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la ubicación exacta de los pozos proyectados por la empresa BNK España, por lo que se ha podido conocer que, por ejemplo, la cercanía de uno de ellos con la central de Santa María de Garoña es de tan solo 22 kilómetros.

Una proximidad que, a juicio del socialista, puede ser la explicación de que esta compañía no quisiera en la presentación de estos proyectos -el pasado 18 de febrero- especificar este dato a pesar de que sus responsables fueron preguntados sobre la distancia entre los pozos y la planta nuclear.

Por tanto, Gil, el procurador David Jurado y el concejal socialista en el Ayuntamiento de Villarcayo, Luis González, le piden “muy en especial” esa “postura única” a la alcaldesa de ViIlarcayo y procuradora en las Cortes autonómicas, Mercedes Alzola, a quien consideran “líder indiscutible en número de contradicciones” en este asunto. 

Además , denuncian, la regidora no duda en exhibir pancartas contra el fracking en la fachada del Ayuntamiento aunque es distinto su discurso en el municipio que el de las Cortes de Valladolid, en las que -como procuradora- ha votado a favor de este procedimiento, posición esta vez sí compartida con la formación ‘popular’ en Madrid.

Además, el senador recuerda que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue sin pronunciarse sobre cómo afectan los seísmos provocados por la utilización de este procedimiento en el área de influencia de una central nuclear. Además, puntualiza, no se trata de un mero informe, sino de una instrucción técnica complementaria que el propio presidente de este organismo, Fernando Martí, se comprometió a elaborar en sede parlamentaria en 2013.

“Mientras no se tenga esa instrucción es precipitado e irresponsable anteponer el interés económico de algunas multinacionales a la seguridad de los ciudadanos y el futuro de una comarca. Más de 40 años y futuro incierto es el resumen de la actual situación de la planta nuclear”, insiste Gil.

Por todo ello, el PSOE burgalés hace un llamamiento a particulares y ayuntamientos afectados para que presenten alegaciones a estos proyectos y para que “utilicen todas las armas legales y políticas en su mano para oponerse a ellos tanto en instancias judiciales como en las instituciones”.