El PP vuelve a “dañar” a los más vulnerables y aprovecha su mayoría absoluta para negarse –esta semana- a dar más financiación al Sistema de Dependencia, garantizar la participación de los entes locales en la gestión y revocar los recortes en las ayudas. 

 

Unos recortes que han provocado que en Castilla y León se hayan quedado sin atender 3.611 dependientes, de las que 2.637 son grandes dependientes, desde que en julio de 2012 el Gobierno de Rajoy y la Junta de Castilla y León aprobaran los recortes de la Ley de Dependencia, según la diputada del PSOE por Burgos, Mar Arnaiz.

 

Así, el PP ha votado en contra –en el Congreso- de una moción socialista en la que se pedía el impulso del desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que el Gobierno adopte “las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por los poderes públicos”.

 

La moción instaba a que el manejo de los sistemas de información sobre el SAAD se hiciera “con el máximo rigor, transparencia y objetividad”. Además, los socialistas recordaban la necesidad de recuperar el nivel acordado de financiación del SAAD, “del que han retirado 1.400 millones de financiación a las comunidades autónomas”. Arnaiz asegura que “la excusa que aducen para haber retirado este nivel es una tergiversación por parte de los responsables del Imserso, ya que utilizan como financiación de la Administración General del Estado aquella que corresponde a las comunidades autónomas”.

 

Asimismo, la moción pretendía la continuidad de los Servicios Sociales municipales y la participación de las entidades locales en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, proponía derogar preceptos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que declaran los servicios sociales de proximidad como competencia impropia de las entidades locales y establecen su asunción por las comunidades autónomas.

 

La iniciativa socialista exigía también que el próximo 1 de julio, fecha prevista tras las sucesivas modificaciones del calendario, las personas valoradas en el grado I de Dependencia Moderada 5.962 en Castilla y León, se incorporen al SAAD y accedieran a los servicios y prestaciones que les corresponden. Además, revocaba las medidas del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, relativas al SAAD entre ellas el recorte en la prestación por cuidados en el entorno familiar que afecta a 21.893 dependientes de la comunidad, la eliminación que ha supuesto que 10.861 cuidadores familiares mayoritariamente mujeres hayan dejado de cotizar a la SS, la disminución de la intensidad de las prestaciones y el régimen de incompatibilidades entre prestaciones

 

La moción buscaba modificar el actual sistema de copago y señalaba para ello la necesidad de establecer unos criterios justos y equitativos para garantizar el derecho a un nivel suficiente de cobertura, independientemente del lugar de residencia, y que se impidiera a las comunidades autónomas fijar condiciones de copago más restrictivas para los beneficiarios.