El secretario general del PSOE de Castilla y León y aspirante a presidir el Ejecutivo autonómico, Luis Tudanca, ha insistido hoy en que su formación va a proponer la reforma del Estatuto de Autonomía para que haya un suelo social, “una inversión mínima -independientemente de la situación económica- en los servicios sociales y que hagan que las familias que atraviesan dificultades tengan una garantía de lo público para sobrevivir con dignidad”.

Así lo ha expresado tras relatar que a pesar de que hace apenas dos semanas, en las Cortes autonómicas, “logramos convencer al PP para flexibilizar algunos requisitos de la renta básica para la ciudanía, su formación quiere “más”. Unas declaraciones que ha realizado antes de mantener una reunión, junto a la diputada nacional María del Mar Arnaiz, con representantes de las asociaciones de personas con discapacidad Aspanias, Aspodemi y Asamimer.

En esta línea, ha recordado que hoy se están atendiendo en el sistema de dependencia a 3.500 personas menos que a comienzo de legislatura y que “tenemos una renta garantizada de ciudadanía en la que se deniegan más de la mitad de las solicitudes”. “No tiene ningún sentido que tras lograr después de muchos años que en el Estatuto de Autonomía se reconociera la existencia y creación de Renta Garantizada para la ciudadanía para los que peor lo están pasando y que en la crisis económica que estamos atravesando, más de la mitad de las solicitudes se estén denegando”, ha declarado.

 “Hoy Castilla y León está tratando a la gente que más dificultades tiene peor que hace cuatro años”, ha sentenciado.

Por su parte, María del Mar Arnaiz ha informado de la presentación de una proposición no de ley en el Congreso para mejorar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para los trabajadores con discapacidad. 

En la iniciativa se insta al Gobierno a revisar la legislación vigente para que “el grado de discapacidad que se exige durante el tiempo equivalente al período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación sea igual o superior al 33%, sin perjuicio de que se mantenga la exigencia de un grado igual o superior al 45% en el momento de la solicitud”.

El Real Decreto 1851/2009, ha explicado, se aplica a las personas con discapacidades determinadas -intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas, anomalías derivadas de la Talidomida, secuelas de polio y síndrome postpolio, daño cerebral y determinadas enfermedades mentales y neurológicas-, esas en las que concurren evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida y que podrán dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación a los 56 años.

Así establece, entre los requisitos que deben reunir estas personas para acceder a la jubilación anticipada, que “el grado igual o superior al 45 por ciento lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al período mínimo de cotización (15 años) que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación”. 

 

Esta exigencia -ha explicado Arnaiz- “expulsa de la aplicación de las ventajas del Real Decreto 1851/2009 a muchas de las personas cuyas circunstancias encajan en el supuesto que se pretende proteger”, ya que “la normativa exige que tengan reconocido al menos un 45% de discapacidad durante un mínimo de 15 años de cotización” y, en muchos casos, por ejemplo, los afectados por las secuelas de polio o síndrome postpolio -15.000 personas en España-, fueron calificadas como personas con discapacidad pero no se molestaron en revisar el grado porque sólo los que superasen un 75% podían tener lugar a alguna prestación en el sistema de Seguridad Social, no vieron la necesidad de revisarse porque ya obtenían los beneficios de ser consideradas con discapacidad. En estos momentos en su gran mayoría superan con creces el 45%.

Esta iniciativa responde a las reivindicaciones de los colectivos representativos de las personas con discapacidad, como el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus efectos tardíos (FEAPET) que han apoyado esta demanda.