Son muchas las voces que coinciden en que lo que garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país es que haya suficientes cotizantes y que estos coticen lo suficiente. Pero la precarización del trabajo que fomentan las políticas laborales y económicas del Gobierno del PP -basadas en la temporalidad, las jornadas parciales y niveles salariales de hace décadas- reduce mucho las cotizaciones a la seguridad social. Y esto lleva a un modelo insostenible. Cada trimestre cae el cómputo general de las horas trabajadas, aunque el Gobierno nos venda la subida del número de contratos. El empleo se trocea y los salarios bajan.

 

Estamos hablando de esos contratos que todos conocemos, los que sufre algún amigo o familiar de todos nosotros. Esa vecina que ha encadenado cuatro contratos en un mes; ese familiar que trabaja 16 o 20 horas semanales; o esa familia con un único trabajador/a que solo cotiza 10 o 12 días mensuales. Con estos mimbres no se puede llenar una hucha de hojalata, como para llenar la de las pensiones. 

 

Y así, por esta senda, nos asomamos al abismo; al vaciamiento del fondo de reserva de nuestras pensiones. Durante esta legislatura, el Ejecutivo central ha sacado del Fondo de Reserva 46.000 millones de euros. Y es que el Gobierno del PP intenta esconder que en sus Presupuestos Generales para 2016 existe un desfase de 25.000 millones de euros en la Seguridad Social. Y también pretende ocultar que si continuamos así el fondo de reserva podría agotarse en un par de años.

 

Pero es que este vaciamiento del fondo no ha servido tampoco para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, puesto que las pensiones inferiores a 1.000 euros han perdido un 3,65 % entre 2011 y 2014, mientras que las que rebasan esa cuantía han perdido 4,65%. 

 

¿Y qué planes tiene el PP al respecto? Por ejemplo. Hace unas semanas el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, proponía abrir el debate sobre qué pensiones deben encuadrarse en el régimen de contributivas, refiriéndose especialmente a las prestaciones por muerte y supervivencia, que serían sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en lugar de por el propio Sistema de la Seguridad Social. 

 

Hablamos de que la pensión media de viudedad en Burgos, para los 21.621 beneficiarios, es de 626 euros; la de orfandad para 2.989 beneficiarios, de 400 euros; y las a favor de familiares, para 345 beneficiarios, de 590. Este número de perceptores supone casi un 29% del total de los 87.309 pensionistas de la provincia.

 

Y estas pensiones, como decía mi compañera Esther Peña hace unos días, quedarían en manos de la consignación presupuestaria, lo que representa un peligro si el Gobierno de turno decide recortar o no subir las pensiones a estos colectivos. 

 

Eso es todo lo que ofrece el PP a los pensionistas españoles. Eso y una recuperación económica fantasma que no llega a los bolsillos ni a la nevera de los pensionistas. Solo llega a algunos titulares. Y es de justicia recordar en este punto que durante los ocho años de Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero se incrementó más de un 25% la cuantía de las pensiones de viudedad.

Parece claro que el PP y el PSOE no pensamos ni actuamos igual en el tema de las pensiones. Pero, ¿cómo se materializa esta diferente noción? Pues en el debate de presupuestos. El Gobierno del PP plantea una subida del 0’25% para las pensiones en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2016, el mínimo posible tras la pasada reforma. Mientras tanto, las enmiendas presentadas por el Partido Socialista contemplan una subida del 1% el año próximo con carácter general y el 2%, para las pensiones más bajas. Y ello, claro está, sin renunciar al objetivo de déficit del 2,8% del PIB para el año próximo. 

 

Pero, ¿es posible subir las pensiones?  Es posible, pero dentro de otro modelo, no en el de Rajoy. El modelo de Rajoy es un modelo agotado y cortoplacista como podemos ver. Los socialistas hemos elaborado un proyecto alternativo al del Gobierno, en el que se destinarían hasta 11.000 millones de euros para este objetivo. Se trata de subir impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas. Y el montante resultado de aplicar esta fórmula se destinaría a subir las pensiones, pero también a becas, políticas de empleo, un ingreso mínimo vital, y el sueldo a los empleados públicos. Una alternativa que, a buen seguro, redundaría positivamente no solo en la calidad de vida de pensionistas y familias sino en uno de los parámetros y motores más importantes de nuestra economía; en el consumo interno, que no termina de ‘tirar’ más allá del sector público. Esta es la verdadera recuperación que espera ver la mayoría de los ciudadanos.

Hay una alternativa, un proyecto serio y viable a este asunto capital para nuestro país y nuestra provincia.