La portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes autonómicas, Marta Olmedo, ha criticado hoy que “la red de servicios sociales ha sido vapuleada y agredida por las políticas de recortes del PP en el Gobierno central y autonómico”. Así, este ha sido uno de los aspectos sobre los que Olmedo ha reflexionado en una reunión mantenida con cargos públicos y orgánicos del PSOE burgalés.

 

En esta línea, ha denunciado que el acuerdo marco de financiación de servicios sociales -“principal instrumento de colaboración” entre la Administración autonómica y las entidades locales- sufrió un “tijeretazo” de 14 millones de euros en 2012. Un recorte que supuso que diputaciones y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes vieran mermados sus recursos para atender las necesidades sociales de sus municipios.

 

Estas últimas instituciones, critica, “han tenido que hacer un gran esfuerzo durante estos años para atender de la mejor forma esas demandas”. No solo eso, añade, “también se ven obligados a compensar los incumplimientos de la Junta en lo que se refiere a su propia ley de servicios sociales”.

 

Sí admite que ahora sí ha habido un incremento de ese acuerdo marco de cofinanciación, pero las cantidades que se transfieren, pero matiza, “siguen siendo inferiores a las anteriores a 2012 a pesar de estos años de crisis, de crecimiento de usuarios. Ahora hay una realidad social muchísimo más complicada”.

 

Además, ha explicado que con la próxima aplicación, a partir de enero de 2016, de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se establece que los servicios sociales pasan a ser financiados y gestionados al 100% por la Comunidad autónoma. Y si bien la Región aprobó un decreto ley en 2014 de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a los servicios sociales, que contó con el apoyo del PSOE, “estamos viendo cómo ya se está empezando a cuestionar por parte de intervención y servicios jurídicos de algunas entidades locales, que cuestionan que pueda estar por encima de una ley de rango superior, la de sostenibilidad”. Por ello, el PSOE ha pedido la comparecencia de la consejera de familia para que dé explicaciones de qué pasará a partir de 2016.

 

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, ha asegurado no entender por qué las residencias de mayores de las que se encarga en la Diputación no aparecen en el acuerdo marco de servicios sociales 2015-2016. “Rico prometió en reiteradas ocasiones negociar su gestión y traspaso a la Junta durante las conversaciones para cerrar el convenio”. Sin embargo, como ha añadido, estas seguirán dependiendo de la Institución provincial al menos en el próximo ejercicio, aunque no sean de su competencia.

 

Además, ha lamentado que los últimos datos de paro, los correspondientes a septiembre, revelan que “el Gobierno apuesta por la precarización laboral y la devaluación salarial de los trabajadores como política económica”. “El PP es incapaz de poner encima de la mesa una solución para acabar con el paro estructural que sufre este país”, ha dicho y ha puesto el acento en que de los 25.071 parados, el 58% son mujeres.

 

Además Peña ha lamentado que unas 25.000 pensiones, las de viudedad, orfandad y a favor de familiares quedarían al antojo de la consignación presupuestaria con la nueva propuesta del PP. 

 

Así, ha mostrado su total rechazo a la idea de los ‘populares’ en el Gobierno de que las prestaciones y por muerte y supervivencia sean sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado en lugar de por el propio Sistema de la Seguridad Social en el que actualmente se encuadran.

 

Igualmente, Peña ha puesto sobre la mesa la constatación por parte del Consejo económico y Social del aumento de las desigualdades sociales y la pobreza en Castilla y León, como el declive demográfico que puede poner en riesgo las pensiones.

 

“Este ente coloca a la Junta de Castilla y León “frente a la realidad de la calle de las familias y de las personas que están sufriendo en nuestra Comunidad. Bien lo sabemos en Burgos, donde el 27% de los trabajadores cobra menos de 650 euros”.

 

Por último, la procuradora y secretaria en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Virginia Jiménez, ha adelantado su firme voluntad de ejercer, en todo lo relativo a una materia tan importante como los servicios sociales, de “correa de trasmisión entre las Cortes autonómicas y los municipios”, y ha hecho hincapié en la capacidad del PSOE de ejercer una labor de oposición a través de iniciativas como preguntas o peticiones de comparecencia.