"El proceso genera muchas dudas y huele a pelotazo en toda regla para poner una instalación que está en unas condiciones óptimas en manos del negocio lucrativo de alguna empresa", opina.

 

Los socialistas burgaleses plantean que la Administración autonómica -institución competente en materia de servicios sociales- asuma la gestión de la residencia militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que actualmente depende del Ministerio de Defensa. 

 

Por ello, la diputada nacional María del Mar Arnaiz ha registrado una proposición No de Ley (PNL) mediante la que solicita que el Ministerio de Defensa inicie conversaciones con la Junta castellano y leonesa para que a través de cesión, o encomienda de gestión, se mantenga el carácter público de este centro. Una petición que también será trasladada a las Cortes autonómicas.

 

La finalidad, garantizar la continuidad de sus trabajadores, y evitar así su traslado; cubrir la carencia de plazas públicas residenciales para mayores; y que se mantengan en las mismas condiciones los servicios de los actuales usuarios.

 

Como ha explicado Arnaiz, a finales de agosto se comunicó a los empleados de la residencia que serían recolocados y en el Boletín Oficial de Estado (BOE) del pasado 5 de septiembre se anunció la licitación para otorgar su gestión, hasta ahora pública.

 

A juicio del PSOE, no solo no se ha justificado la necesidad de realizar este cambio, también en el procedimiento puesto en marcha las empresas interesadas han contado con un plazo de solo siete días para obtener información y 30 naturales desde la publicación en el boletín para presentar ofertas. De esta manera, disponen de 23 días para el estudio de la documentación, la realización de visitas a los centros y la elaboración de la memoria. 

 

Además, el precio de la plaza, para nuevos y antiguos usuarios también variaría, estaría en un máximo de 1.500 euros por persona y un matrimonio, 2.500 euros, lo que supone un sensible incremento sobre el precio anterior.

 

Como ha relatado, a pesar de que estas instalaciones cuentan con una antigüedad de más de 60 años, estas se encuentran en perfecto estado, puesto que se han acometido inversiones de ampliación y remodelación por casi 900.000 euros en la última década. 

 

Además, ha explicado que su grado de ocupación con gobiernos socialistas fue del 100%, pero que a partir de 2012 este comenzó a descender hasta bajar a un 66% en 2015, de tal manera que en la actualidad, de 71 plazas, solo están ocupadas 39. Para Arnaiz, “no parece de recibo” que no se haya optimizado esta instalación -el último ingreso fue en febrero de 2012-, a pesar de que, como así le consta, sí ha habido solicitudes.

 

De hecho, considera, a la vista de los hechos, que existe interés en que se encargue una empresa determinada. "El proceso genera muchas dudas y huele a pelotazo en toda regla para poner una instalación que está en unas condiciones óptimas en manos del negocio lucrativo", opina.

 

Por todo ello, en palabras de la socialista, esta concesión “supone una privatización de facto, que se hace sin una justificación conocida y que difícilmente puede estar amparada en el déficit, puesto que estas instalaciones han permanecido durante mucho tiempo bastante por debajo de su plena ocupación”.