La procuradora Virginia Jiménez ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar que la Administración autonómica -institución competente en materia de servicios sociales- asuma la gestión de la residencia militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que actualmente depende del Ministerio de Defensa. 

 

A través de esta iniciativa, la formación reclama instar a la Junta a iniciar conversaciones con el Ministerio de Defensa para que mediante cesión, o encomienda de gestión, se mantenga el carácter público de este centro.

Así lo reclama la formación socialista después de que el Ministerio de Defensa haya adoptado, sin previo aviso, la decisión de deshacerse de esta residencia. A finales de agosto se comunicó por sorpresa a los trabajadores la intención de cerrar el centro y el 5 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación para otorgamiento de concesión demanial de la gestión de dicha residencia militar.

 

Los socialistas quieren que la Junta asuma la gestión del centro para garantizar la continuidad de sus trabajadores, y evitar así su traslado; cubrir la carencia de plazas públicas residenciales para mayores; y que se mantengan en las mismas condiciones los servicios de los actuales usuarios.

Así, el precio de la plaza, para nuevos y antiguos usuarios también variaría, estaría en un máximo de 1.500 euros por persona y un matrimonio, 2.500 euros, lo que supone un sensible incremento sobre el precio anterior.

Como recoge la PNL, resulta llamativo que este centro mantuviera hasta 2011 todas las plazas ocupadas y que desde febrero de 2012 no se haya registrado ningún ingreso, a pesar de disponer de vacantes. De hecho, todas las peticiones planteadas se han denegado sin justificación alguna.

Los propios sindicatos han apuntado a la intención, que parece evidente, de provocar que la residencia sea deficitaria para así justificar su privatización. “Esa forma de actuar, además de irresponsable en sí misma, conlleva una segunda irresponsabilidad por el perjuicio económico que se ha causado de forma premeditada a la Administración Pública”, critica la procuradora.

“El proceso genera muchas dudas y huele a pelotazo en toda regla para poner una instalación que está en unas condiciones óptimas en manos del negocio lucrativo de alguna empresa”, opina y añade que “no podemos permitirnos el cierre de este centro y tampoco es deseable que acabe convirtiéndose en una residencia de gestión privada cuando se ha sufragado con dinero público y ha funcionado correctamente bajo ese modelo de gestión”.