El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial y secretario de Organización del PSOE de Burgos, David Jurado, acusa al alcalde de Espinosa de los Monteros, Javier Fernández-Gil, de obstrucción a la Justicia, en beneficio propio y del Partido Popular, y exige su destitución.

 

Jurado sustenta su denuncia en la rescisión del contrato con el abogado que contrató el anterior equipo de Gobierno municipal, del PSOE, con el pretexto de ahorrar. Una rescisión que le comunicó al letrado por burofax el día anterior a la toma de declaración en el Juzgado del arquitecto redactor de un proyecto de urbanización que el Ayuntamiento recepcionó durante la Alcaldía de la popular Pilar Martínez, con una serie de “irregularidades” que el regidor socialista entre 2011 y 2015, José Carlos Peña, decidió llevar a los tribunales.

 

El portavoz socialista entiende esta suspensión de contrato como una “maniobra” del alcalde de Ciudadanos, “formación muleta del PP” para injerir en este proceso, que ahora queda en manos del fiscal, “con la intención de minimizar las consecuencias para los concejales del PP implicados y para él mismo”.

 

Recuerda que este regidor concurrió a las pasadas elecciones municipales de mayo bajo las siglas de Ciudadanos, después de haber formado parte, como concejal del PP, del equipo de Gobierno municipal desde 2007 hasta octubre de 2009, cuando presentó su renuncia. 

 

Asimismo, destaca que este no es el único proceso judicial que el anterior promovió el anterior regidor socialista ante presuntas irregularidas urbanísticas de la ex alcaldesa del PP, Pilar Martínez, que tuvo que declarar como imputada, junto al ex teniente de alcalde, Juan José Angulo, también del PP, por un presunto delito de prevaricación, tras una querella de los socialistas.

 

Para el secretario de Organización del PSOE de Burgos, resulta “inconcebible” que un representante de Ciudadanos, “formación que presume de buscar la limpieza institucional, ponga palos en las ruedas al desarrollo de un proceso judicial que afecta al municipio que gobierna en minoría, eso sí, con el apoyo del PP”, recalca. 

 

Duda, además, de las razones económicas que aduce el alcalde de Espinosa para rescindir el contrato del letrado, puesto que su retribución, de unos 47.000 euros en la legilsatura, se ajustó a las funciones de un abogado que defiende al Consistorio frente a demandas millonarias.