La Asamblea Abierta comarcal celebrada en Salas de los Infantes se ha convertido en un foro de debate sobre asuntos que preocupan, y mucho, en la provincia, como los presupuestos de la Diputación provincial para el próximo ejercicio y la Ley de Montes, que afecta de manera especialmente importante a Sierra-Pinares. 

 

Así, en este encuentro -en el que han intervenido los candidatos al Congreso, Esther Peña, y al Senado, Ander Gil-, respecto al último asunto, se ha remarcado la postura socialista: la nueva normativa impulsada por el Gobierno da la espalda al mundo rural y a la defensa del medio ambiente para especular y hacer negocio con los montes y los bosques quemados. Esta ley, como han explicado, rebaja de forma considerable la protección ambiental, abre la puerta a la recalificación de terrenos quemados, privatiza y rebaja la lucha contra los incendios.

 

En cuanto a los presupuestos de la Diputación, también en este encuentro se reiteró la postura anunciada por el portavoz socialista en la Diputación Provincial, David Jurado: parece difícil que el PSOE apoye el borrador de estas cuentas que ha presentado el equipo de Gobierno del PP.

 

Primero, porque su descenso respecto al de 2015. Si bien algunos de los puntos argumentados el presidente de la Diputación, César Rico, para explicar este decrecimiento son ciertos -por ejemplo, que la transferencia directa de la Junta a los ayuntamientos 3,5 millones en concepto de impuestos-, desde el PSOE advierten de que estarán muy pendientes de que esa transferencia sí se realicen.

 

También estas cuentas, según los socialistas, ponen de manifesto que el modelo de la Diputación no se sostiene: el 34% se consume en gastos de Personal, el 15% en gastos corrientes, lo que se traduce en que un 49% se dedica al funcionamiento interno de la propia institución y las competencias impropias suponen un 20% del total. Mientras, los municipios se tienen  que conformar con un porcentaje escaso, un 28% del global, para inversiones.