Burgos es la provincia más afectada por la supuesta trama eólica que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León que se constituyó a instancias del PSOE y porque el PP ha perdido la mayoría absoluta. Así pues, una comisión aprobada “por obligación y no por devoción” por parte del PP,  que está obstruyendo su cometido, como subraya el procurador socialista y miembro de la misma, Javier Izquierdo.

 

Los dos representantes socialistas en esta comisión que investiga indicios de procedimientos anómalos en la autorización de parques eólicos en la Comunidad y en connivencia con ex altos cargos de la Junta, Javier Izquierdo y José Francisco Martín, han recalado en el Servicio Territorial de Hacienda de Burgos para consultar de primera mano los expedientes relacionados con esos casos y que la Junta se niega a facilitarles escaneados y en DVD. Una negativa que entienden como el ánimo de no facilitarles información, puesto que sospechan que sí se lo enviarán a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga, de manera paralela, el cobro de hasta 110 millones de euros en comisiones por parte de algunas empresas implicadas en la autorización de parques eólicos.

 

En todo caso, los socialistas no renunciarán a investigar y anuncian que visitarán las provincias de Soria, León y Zamora para hacer lo mismo que han hecho en Burgos, consultar los expedientes. Y, en el caso de la provincia burgalesa, donde se registran 51 de los 182 expedientes que autorizó la supuesta trama, ya hay varios parques en el punto de mira, como son Cantiruela y Las Pardas (valle de Sedano), en el noreste de la provincia, en la zona del Páramo de Masa; y los de Valdesantos (Frandovínez, Estépar y Cabia) y La Huesa, en el entorno de Rabé de las Calzadas, Frandovínez y Tardajos, en donde figuran como propietarias empresas del Grupo Pascual. En estos dos últimos casos, los procuradores han acreditado la dinámica del procedimiento sospechoso en su tramitación, aunque no el flujo de dinero.

 

En esencia, lo que se investiga de esta trama es la casi milagrosa agilización de proyectos de parques eólicos paralizados hasta en 2.000 días desde que una empresa eléctrica presentara la solicitud hasta que la titularidad de esa solicitud pasa a manos de otra empresa y, de repente, se consigue la autorización administrativa en dos o tres días. Y esas empresas que obran el milagro son empresas como Energía Global Castellana, de Alberto Esgueva, consejero delegado de la empresa de Exportaciones y que se ha llevado hasta 47 millones de euros, en un caso en el que compra a Iberdrola la solicitud que había realizado por 24.000 y se la devuelve por el citado importe.

 

En el caso de los parques de Cantiruela y Las Pardas, la titularidad de la solicitud pasa a Endesa e Inverduero, una empresa del grupo Collosa, una constructora de la Comunidad, y en tan solo dos días se otorga la autorización administrativa después de tres años de espera y con informe favorable de impacto ambiental.

 

Según Izquierdo, en el caso de Burgos, las empresas involucradas en procedimientos en los que detectan indicios de anómalíass con mayor incidencia son, además de la de Alberto Esgueva, ex delegado de Excal y mano derecha de Tomás Villanueva, Promociones de Energía Renovable de la Comunidad Autónoma, formada por Endesa, Inverduero, que pertenece al Grupo Collosa; y PH energías renovables, formada en un 60% por Iberdrola y al 40% por el Grupo Pascual.  En el último caso, se trata de parques que solicita primero Iberdrola, que después pasan a PH y “que lo que queremos sabe es si después vuelven íntegramente a manos de Iberdrola”, explica Izquierdo.

 

Izquierdo entiende que la comisión de investigación abierta en las Cortes debe servir para dilucidar responsabilidades políticas, y colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, que investiga “esa trama que supone 110 millones en cobro de comisiones para algunas empresas por estas autorizaciones”.

 

La secretaria provincial del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, ha acompañado a Izquierdo y Martín esta mañana y ha trasladado el compromiso del Partido Socialista con la transparencia en una provincia en la que "lamentablemente, ya sabemos cómo se las gasta el PP en temas de presunta corrupción", ha dicho, sin olvidarse de que, en el caso del Ayuntamiento capitalino, el concejal del PP Fernando Gómez sigue sin dimitir pese a existir un mandato del Pleno.