La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña Camarero, ha explicado que la preocupación de su formación por la necesaria realización del estudio informativo de la AP-1 -que analice las mejoras necesarias que deben acometerse en este vial de cara a su comprometida liberalización en 2018 y que se produjo gracias a una iniciativa socialista- ha centrado una Proposición no de Ley (PNL) registrada en el Congreso de los Diputados. 

 

Como lleva meses defendiendo la formación, y trasladándolo a través de propuestas, es imprescindible analizar la permeabilidad de esta vía y estudiar la posibilidad de realizar mejoras y construir nuevos carriles para poder absorber el intenso tráfico que ahora discurre por la nacional 1 no solo con el fin de que este sea fluido sino con el reto prioritario de garantizar la seguridad.

 

Este fue uno de los temas abordados en la Asamblea informativa celebrada en Miranda de Ebro en la que además de Peña Camarero, participó el senador Ander Gil, quien también abordó otro asunto de vital importancia para esta zona: una alternativa de futuro para el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta también reiterada reivindicación por parte de los socialistas burgaleses viene motivada por la necesidad, como explicó Gil, de “recuperar un plan de reindustrialización específico para la zona que permita la atracción de inversiones, sea un impulso para las industrias ya asentadas, mantenga el empleo y cree nuevos puestos”.

 

Además, el parlamentario reiteró la petición que recientemente lanzó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): que paralice la elaboración del informe técnico sobre la solicitud de renovación de licencia de la planta hasta que no se conforme el nuevo Gobierno. 

 

El motivo, ha explicado, es que otorgar una nueva licencia a la planta -aunque estuviera condicionada a realizar las mejoras obligatorias- con un Gobierno en funciones podría abrir la puerta a los propietarios de la planta a reclamar en un futuro el ‘lucro cesante’. 

 

Una cantidad multimillonaria -que en 2010 ya intentaron percibir y que superaba los 900 millones de euros- y que en el caso de que un Ejecutivo central ya conformado no otorgara esa permiso podría ser reclamada por las centrales, lo que, ha relatado “recaería sobre las espaldas de la hacienda pública, en definitiva, en la de todos los ciudadanos”.