La secretaria general del PSOE de Burgos, y diputada nacional, Esther Peña Camarero, y el portavoz socialista en la Diputación, David Jurado, han valorado hoy la estimación parcial por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de la Asamblea de Extremadura contra la Ley de Racionalización y Sosteniblidad de la Administración local, conocida como ley Montoro. Lo han hecho durante una comparecencia ante los medios en la que también han aprovechado para ratificar el compromiso socialista con la derogación de esta normativa cuando, como confían, lleguen al Ejecutivo central. De momento, de hecho, este punto es prioritario en el acuerdo con Ciudadanos para un Gobierno reformista al que, esperan, se sumen otras fuerzas.

 

Así las cosas, han celebrado este varapalo a lo que, en palabras de Peña, no es más que “una chapuza jurídica creada para controlar a los ayuntamientos desde la Administración central” con el agravante de que se vendió como una ley para sostenerlos económicamente.

 

Lo más significativo, han explicado, es la declaración nula de varios preceptos de esta normativa por invadir competencias de las comunidades. Así, el TC determina que los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud son competencias de estas últimas. Así las cosas, el Estado solo podrá atribuir competencias locales, o prohibir que estas se desarrollen a nivel local, cuando este sea responsable de la materia en cuestión. Así, se da también la razón al PSOE que mantenía, como ha explicado Peña, que Rajoy había invadido parcelas de la Comunidad en relación a los ayuntamientos, cuestión que además recoge el Estatuto de Autonomía. 

 

Además, la sentencia también señala que es la Comunidad la responsable de encargar la disolución de las entidades locales en el momento en el que no presenten sus cuentas y no el Estado. En esta provincia hay 28 pedanías en esa situación y por tanto, en peligro de disolución “por la falta de auxilio de la Diputación”, ha criticado Peña.

 

“La Ley Montoro desapoderaba a los municipios menores de 20.000 habitantes a favor de las diputaciones, lo que se traducía en la práctica a abrir la puerta a la privatización de los servicios  municipales básicos que pasarían a prestarse más caros y de peor calidad”, ha añadido.

 

Por su parte, David Jurado ha recordado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el de la Diputación, César Rico, dijeron sí a esta reforma. Así, ha enumerado las diferentes reacciones del PP ante este problema y que ha resumido como “una defensa del municipalismo de boquilla”. Una crítica que apuntala con varios datos: “hace dos años, tras asegurar Herrera que esta normativa iba dejar a los alcaldes y alcaldesas para pasear al santo, el PP en las Cortes votaba en contra de derogar la normativa”.

 

También el PP de Burgos, desde mayo, ha votado en contra dos veces del rechazo a esta ley; la primera, en una moción presentada en la Diputación a finales de 2015 y la segunda, en el último pleno provincial en el que los populares presentaron una moción en defensa de las diputaciones y ante la enmienda del PSOE de instar a la derogación de la reforma local, esta fue rechazada, ha relatado.

 

En contraposición al rechazo a esta normativa solo de cara a la galería, Jurado y Peña han puesto en valor que esta es una sentencia que da la razón al PSOE, a miles de alcaldes en España, especialmente en Burgos, que actuaron posicionándose a favor de una ley “lesiva” frente a los intereses de los municipios.

 

Durante su tramitación, el Partido Socialista peleó por la vías legal y política. Por una parte, presentando un recurso general suscrito por 50 diputados y senadores por el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local y, por otra, por primera vez en la historia, “utilizamos la vía de autodefensa de la autonomía local por parte de los ayuntamientos. Más de 3.000 del país, que representan a más de 16 millones de ciudadanos, se sumaron a este recurso, cuando con tan solo 1.160 consistorios era suficiente”.

 

En lo referido al ámbito provincial, el PSOE presentó en febrero de 2013 una moción en Diputación alegando la lesividad de esta Ley -iniciativa que fue tumbada por el Partido Popular- además de llevar a cabo una campaña por toda la provincia para presentar recursos de inconstitucionalidad, lo que fue secundado por 59 municipios, de los que seis eran del PP.