La Diputación Provincial de Burgos instará a la Junta de Castilla y León a participar en un convenio con la Comunidad de Madrid, Adif y el Ministerio de Fomento enfocado a la reactivación de la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, al aprobar por unanimidad el Pleno la proposición que ha presentado el Grupo Socialista. Una línea de vital importancia para la actividad empresarial, clausurada por el PP desde 2012 para el transporte de pasajeros e inhábil en su tramo madrileño a causa del hundimiento de un túnel en Somosierra en 2011.

El acuerdo que los socialistas plantearán también en las Cortes de Castilla y León, pretende, entre otras cosas, que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplen una partida de 11 millones de euros para su reapertura integral como mínimo para el transporte de mercancías.

Existen informes de operadores de mercancías que confirman la importancia de esta línea para el transporte de mercancías, por ejemplo, entre los puertos de Valencia y de Bilbao, con importantes ahorros económicos.  También resulta fundamental para el sector empresarial ribereño, como ha destacado el portavoz socialista, David Jurado, al recordar la reciente apertura del ramal ferroviario que conecta esta línea con el polígono Prado Marina, y en el que la Junta invirtió 4,2 millones.

Jurado ha explicado la necesidad de volver a traer este asunto al Pleno -existe un acuerdo propiciado por el PSOE de marzo de 2015 para instar a Fomento a reactivar la línea- por las recientes reuniones de responsables de los Gobiernos de Madrid y Castilla y León con una nutrida representación ciudadana de Burgos y Aranda para que el ‘Directo’ recupere su actividad.

Eliminación inmediata de las ‘cartas deuda’ a los usuarios/as de las residencias

El portavoz socialista ha aprovechado la sesión plenaria, además, para reprochar a la Diputación el envío de cartas a los usuarios y usuarias de las residencias de mayores de esta Institución en las que les informa de la diferencia entre el gasto que han generado y lo que pagan.

Unas cartas, que según el PP son informativas y previas a la evaluación de cada caso, porque tras la aprobación de la nueva ordenanza de precios públicos, se acordó eliminar la generación de la deuda a los residentes, a propuesta del PSOE. Según el portavoz de Bienestar Social, Jorge Mínguez, en la actualidad solo hay dos excepciones, aunque no ocurre lo mismo con cerca de 400 residentes que tienen deuda a causa de la anterior ordenanza.

En todo caso, Jurado ha exigido la paralización inmediata del envío de estas cartas que, como mínimo, se prestan a la confusión, ya que incluyen un número de cuenta en el que hacer el ingreso. Por ello, pide que, en caso de tener que enviarlas, se haga solo a quienes se haya comprobado que han de pagar.

Pedimos que la estación de Lunada pague los 16.500 euros que costó limpiar sus accesos

El equipo de Gobierno ha contestado también a nuestra pregunta sobre el precio que abonó la Diputación por limpiar de nieve los accesos a la estación de esquí de Lunada con un contrato extraordinario de maquinaria: 16.491,57 euros los días 10, 11 y 12 de marzo.

Un pago a favor de una empresa privada que los socialistas no aprueban y que, según el diputado provincial Javier Lezcano, “hubiéramos entendido que se realizara en otros casos extraordinarios, como la imposibilidad ayer jueves de acudir al colegio de numerosos escolares a causa de la nieve o de médicos que no pudieron acudir a trabajar.

Vigilancia en el Monasterio de San Salvador de Oña y desfibriladores en el medio rural

En el Pleno de hoy, además, la diputada provincial socialista Purificación Rueda ha pedido una mayor vigilancia del Monasterio de San Salvador de Oña, propiedad de esta Diputación, para evitar actos vandálicos y la entrada de “intrusos” que, asegura, se está produciendo.

Por su parte, el diputado provincial socialista Alexander Jiménez, se ha interesado por el acuerdo plenario del pasado mandato para la instalación de desfibriladores en el medio rural, aún pendiente de ejecución.

En cuanto a las proposiciones del resto de grupos políticos, los socialistas han apoyado la firma de un convenio con Iberaval para facilitar financiación a empresas en las localidades de menos de 20.000 habitantes y la de agilización de la convocatoria y pago de las ayudas de emergencia social de la Diputación.