El HUBU continúa siendo un pozo sin fondo que lastra la sanidad de toda la Comunidad. Así lo ha asegurado hoy la secretaria general del PSOE de Burgos, y diputada nacional, Esther Peña, quien ha explicado que tras detectarse en la cuenta de 2014 de la Gerencia Regional de Salud una “cantidad llamativa”, el PSOE en las Cortes autonómicas planteó una pregunta. Así, la cuestión pedía conocer "a qué se debían estos compromisos de ejercicios futuros de gastos corrientes en bienes y servicios" a través de esa cifra, nada menos que 1.218 millones de euros.

 

La respuesta de la Junta es que de esa cuantía, que divide en cuatro ejercicios, en 2016 la concesión de obra pública del HUBU -según esa previsión- se llevaría más de 70 millones; para 2017, más de 71; mismo caso en 2018; y, como "dato más escandaloso", el correspondiente al periodo 2019-2036, más de 952 millones.

 

Igualmente, ha advertido de que podemos encontrarnos en un futuro más datos de sobrecoste y es que el análisis de los modificados presupuestarios y los reconocimientos de crédito con la liquidación efectiva de años anteriores revelan números más que preocupantes; en 2012, el canon inicial era de 46,5 millones, a lo que se sumaron más de 40; en 2013, se pasó de 71,2 millones a 75,6; y en 2014, de 69 a 72.

 

Además, la socialista ha lamentado un triste aniversario. El próximo 20 de abril se cumplirán cuatro años de la aprobación del decreto del PP en el Gobierno de la Nación que quebró principio de sanidad universal pública y de acceso gratuito. “Con esta modificación se alteró el consenso de la Ley de calidad del Sistema Nacional de Salud retrocediendo de tal manera que se volvió a vincular el derecho a la sanidad pública y gratuita con la Seguridad Social”. Por ello, ha anunciado una acción colectiva e institucional para exigir su restablecimiento, campaña que se concretará en el Congreso de los Diputados, ayuntamientos y comunidades.

 

“Toda la comunidad médica, sindicatos y partidos rechazaron esta medida mientras el Gobierno continuó cercenando el derecho a la asistencia sanitaria mediante modificaciones legislativas incluidas en los presupuestos generales de 2014, cuando se privó también la cobertura a los que hubieran agotado prestaciones por desempleo y a todos aquellos españoles que salen de país por un tiempo superior a 90 días, aunque sea para estudiar o buscar trabajo”, ha narrado y ha añadido un ejemplo: casi un millar de burgaleses ha perdido su residencia en el último año, a los que afectaría esta medida una vez rebasado este máximo de días fuera del país.

 

Listas de espera. En cuanto a los datos de lista de de espera recientemente conocidos y que corresponden al primer trimestre de 2016, Peña ha indicado que son 3.828 las personas que están pendientes de intervención quirúrgica en el HUBU, lo que, a su juicio, justifica que este centro “debe ser devuelto a lo público más pronto que tarde”, ha insistido al vincular el incremento respecto al anterior dato, el del último trimestre de 2015, al deficiente funcionamiento del centro.

 

En este sentido ha recordado que el PSOE ha presentado una proposición de Ley, que se debatirá esta semana en el Pleno de las Cortes autonómicas, que pretende reducir estos plazos especialmente alarmantes en el centro hospitalario burgalés.