“Nos preocupa la situación a la que algunos parecen querer abocar a la AP-1”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña Camarero, en relación a las últimas noticias conocidas sobre este vial. 

 

Como ha narrado la líder de los socialistas burgaleses, en una rueda de prensa en Miranda de Ebro, “el PP está mintiendo una vez más” porque preguntado sobre qué opina de que Fomento descarte actuaciones en este trazado, la formación alega que este tema surgió en campaña electoral, “cuando lo cierto es que el PSOE lleva desde diciembre de 2014 solicitando este estudio informativo tan necesario y que es reclamado por vecinos y la Plataforma de la N-1”.

 

Así, ha relatado que el informe debería concretar las actuaciones que se deben realizar, como nuevos accesos y enlaces y que, sin embargo, “el PP al frente del Gobierno en funciones descarta”. “Hay que hacer frente común entre ayuntamientos, Diputación y Junta para que estas obras se lleven a cabo”, ha sentenciado Peña.

 

Tras explicar que en diciembre de 2014 se aprobó en el Congreso de los Diputados una iniciativa socialista para no prorrogar la concesión de la AP-1 en noviembre de 2018 de manera independiente a qué formación gobierne, Peña ha insistido en que esta decisión conlleva la necesaria realización de ese estudio y recuerda que fue el PP, en marzo de 2015, el que votó en contra de realizarlo. 

 

Critica, por ello, el argumento de los ‘populares’ basado en que hay que esperar al nuevo Ejecutivo central, “esta formación lleva cuatro años de mayoría absoluta en los que, por ejemplo, ha rechazado una enmienda del PSOE de Burgos a los Presupuestos Generales el Estado  de 2016 que exigía ese informe”.

 

Por lo tanto, concluye, como no puede ser de otra manera, el compromiso de su formación con la liberalización de la AP-1 y su necesaria adaptación a una mayor densidad de tráfico sigue siendo firme. “Queremos que a esta lucha se sumen los nuevos partidos con representación parlamentaria que todavía no se han pronunciado”, ha asegurado. 

 

De hecho, la prueba de la beligerancia de los socialistas burgaleses con este asunto  es que la petición del estudio informativo centró la primera iniciativa presentada por la diputada nacional, a la que se unen otras 23 relacionadas con la N-1 y AP-1.

AVE. Por otra parte, el senador Ander Gil ha relatado, en relación al AVE, que durante la última sesión plenaria de la Cámara Baja se debatió una iniciativa del PNV que pedía agilizar las obras del nudo de Bergara, pieza que une los tres brazos de la ‘Y vasca’ y que, por lo tanto, permitiría la unión de nuestra provincia con Europa. Una propuesta que fue apoyada por el PSOE, formación que además critica la “incapacidad” del Gobierno de Rajoy para gestionar este proyecto “a tiempo, con rigor y con transparencia en relación a los plazos”, en palabras de Gil.

 

También el senador censura que la formación de Pablo Iglesias presentara a esa iniciativa una enmienda que pedía “paralizar la construcción de la ‘Y vasca’ y que pase a ser un ferrocarril de velocidad ordinaria”. “Los que presumen hacer política del siglo XXI quieren llevarnos con sus propuestas sin sentido al XIX”, ha lamentado.

 

“Pablo Iglesias bloquea el Gobierno del cambio y ahora quiere paralizar desarrollo de la provincia. Nadie que votó a Podemos lo hizo para que Rajoy continuara ni para condenar al atraso a Burgos”, ha añadido Peña a este respecto.

 

Además otra iniciativa -en este caso socialista y debatida en el Congreso- para impulsar esta obra sufrió, como ha relatado el senador, el rechazo del PP “que fue incapaz de fijar una fecha de finalización de la ‘Y vasca’ y del ramal de comunicación con Miranda”.

 

Garoña. En relación al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, los socialistas han celebrado que durante el debate de una iniciativa de Podemos en la Comisión de Industria del Congreso, que pedía el cierre de la planta y el plan de reindustrialización, se aceptaran las propuestas socialistas: elaboración del plan de reactivación y adaptación económica de la zona contando con participación de ayuntamientos y ciudadanía afectados; que se cierre definitivamente su actividad e inicie de manera inmediata el proceso de desmantelamiento; y, por último, la creación de una comisión interinstitucional para el correcto seguimiento de ese proceso y en la que tengan voz todas las instituciones.