El PSOE reclamará en el Pleno del Senado la anulación de esta normativa, que ha supuesto un “ataque frontal” a la autonomía local 

El senador socialista por Burgos, Ander Gil, considera que la derogación de la reforma local es “imprescindible para el futuro de la provincia” dadas sus características, cuenta con 371 municipios, 652 entidades locales menores y un alto nivel de dispersión poblacional, lo que dificulta aún más la prestación de servicios. 

 

Así lo advierte de cara a la solicitud por parte de su formación -a través de una moción en el Pleno del Senado de la próxima semana- de suprimir esta normativa aprobada por el Gobierno del PP en 2013 que, como relata el senador, “ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía”. 

 

De hecho, explica, el PSOE presentó en la Diputación, en febrero de ese año, una iniciativa contra esta ley que no salió adelante por el rechazo del Partido Popular y otra, en esa misma institución, a finales de 2015, momento en que la normativa entraba en vigor en su totalidad -poniendo en riesgo los servicios sociales municipales- y que también fue votada en contra por esa formación. Además, en 2014 los socialistas también desarrollaron una campaña por toda la provincia para presentar recursos de inconstitucionalidad, lo que fue secundado por 59 municipios, de los que seis eran del PP.

 

En definitiva, el PSOE ha demostrado una beligerancia contra una “auténtica amenaza para nuestro mundo rural” que contrasta con la del PP. “Hace dos años, tras asegurar el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que la reforma local iba a dejar a los alcaldes y alcaldesas para pasear al santo, el PP en las Cortes autonómicas votaba en contra de derogarla”, recuerda Gil.

 

“Esta ley ha provocado que el municipio pase de gobierno político a mero gestor de decisiones ajenas”, sostiene el senador, quien añade que “los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias”.

 

Además de reclamar la derogación de esta normativa, la iniciativa pide que se apruebe una Ley de Régimen Local que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

 

Por último, se propone la aprobación, desde el consenso, de una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).