El PSOE de Castilla y León exigirá que el nuevo modelo de ordenación territorial que prepara la Junta blinde y refuerce los servicios públicos en el medio rural, porque “los mapas, en sí mismos, ni mejoran ni aumentan servicios, para eso hacen falta fondos”, según ha explicado la secretaria autonómica de Política Municipal de los socialistas, Virginia Barcones.

En la cuarta jornada con alcaldes y alcaldesas de la provincia y portavoces municipales para abordar este proyecto, ha insistido en que el PSOE reclamará incluso la reversión de los recortes en los servicios que ha realizado el PP en los últimos años. “A lo largo de estos años hemos visto cómo no recortaban servicios, porque un consultorio local no se cerraba, pero el médico, que antes iba todos los días de la semana, ha pasado a pasar consulta dos días semanales”, ha criticado.

Por eso, los socialistas antepondrán la garantía de la prestación de servicios públicos a los y las habitantes del medio rural, con un plan de transporte que garantice el acceso a los mismos y  desde el respeto a la autonomía municipal de la que gozan los pueblos a través de las mancomunidades existentes. “Compatibilicemos lo que funciona con nuevas posibilidades, porque los pueblos ya buscaron su forma de organizarse después de que, tras casi 30 años de gobierno, el PP de Castilla y León haya decidido que hay que ordenar el territorio”, ha recalcado.

Esta filosofía es la que recoge la resolución del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León que se constituyó la semana pasada y que se reunirá para escuchar a los regidores y regidoras antes de decidir el voto del partido al modelo de ordenación del territorio en las Cortes autonómicas.

Como ha recordado Barcones, los socialistas entienden que este proyecto ha de construirse de abajo arriba y “escuchando a los alcaldes y alcaldesas, cosa que el PP no hace”, según ha añadido la secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña.

La líder de los socialistas burgaleses ha lamentado esta “semana aciaga para los intereses de la provincia”, tras la disolución ayer de las Cortes Generales, cuando se había conseguido paralizar la Ley Montoro, y se había acordado la puesta en marcha de la financiación para la ley de desarrollo rural. Dos medidas que, como ha explicado, beneficiarían a los y las habitantes de una provincia en la que los datos de la EPA vuelven a poner, sobre todo, “rostro femenino” al paro.