Planteo dos escenarios: primero, la Junta no sabe cuál es la situación actual de la central nuclear de Santa María de Garoña y segundo, a la Junta no le acaba de venir bien esa situación y prefiere desinformar retorciendo la realidad hasta que sea la que a ella le conviene. Si tenemos en cuenta todo lo sucedido en torno al futuro de la planta y cuáles han sido las declaraciones del Ejecutivo del presidido por el burgalés Juan Vicente Herrera durante los últimos años cualquier de los dos es posible; el resultado es el mismo en cualquier caso: total distorsión de qué está pasando en torno a un asunto tan relevante como el peligro de contar con una central de 45 años de antigüedad.

 

Me explico, el pasado 23 de septiembre la consejera de Economía, Pilar del Olmo, animó públicamente a Nuclenor, empresa propietaria de la central burgalesa a dejar de “pegarse con el Gobierno” y a que buscara un acuerdo para reabrir la planta.

 

Pues bien, en caso de que nos encontremos ante la posibilidad que citaba en primer lugar -el Ejecutivo autonómico no sabe en qué contexto se encuentra Garoña- el menor de los reproches sería achacar al Gobierno de Herrera un desconocimiento imperdonable uno de los mayores problemas del territorio- le informo a Del Olmo de que técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevan tres años trabajando en el cierre definitivo de la planta. Si, por el contrario, es la segunda opción la que ha llevado a la consejera a realizar esas manifestaciones, solo el afán del PP en Castilla y León por servir a las compañías eléctricas Iberdrola y Endesa podría explicarlas.

 

En cualquier caso, quienes seguro no son sospechosos de pecar por desconocimiento o conocimiento tergiversado son los representantes del Partido Socialista, así que como senador de una formación que sí es consciente de los riesgos de una nuclear y de la gravedad de tergiversar la realidad para tu provecho político, aclararé que el pasado 26 de julio el pleno del CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Nuclenor, propietaria de la central, para revisar el Plan de Emergencia Interior en Parada (PEIP) correspondiente al proceso de cese definitivo de explotación de la planta, de acuerdo con lo establecido en la actual y vigente orden IET/1302/2013, de 5 de junio, que declara el cese definitivo de su explotación. Es más, solo necesita consultar la web de este organismo para acceder al acta en la que consta lo que relato.

 

Es también reprobable que no hayan sido las gestiones de Del Olmo el origen de que el presidente del CSN, Fernando Marti, vaya a acudir al Parlamento a ofrecer explicaciones sobre su gestión, en general, y sobre la relativa a Santa María de Garoña, en particular. El desmantelamiento, permanencia o reactivación de una central con 45 años de antigüedad es un asunto que atañe a un enorme territorio y que, en concreto, los burgaleses del norte de la provincia, llevan años sufriendo. Sin embargo, solo la insistencia socialista –tras solicitar esta comparecencia en incontables ocasiones- ha posibilitado que por fin vaya a celebrarse: será el 19 de este mes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

 

Recuerdo que Marti lleva sin comparecer en el Congreso de los Diputados nada menos que desde diciembre de 2014, de manera que no ha rendido cuentas aún sobre los informes del CSN correspondientes a 2014 y 2015. Por todo ello, qué menos que confiar en que las declaraciones de la consejera de Economía sean rigurosas; tal vez sea mucho pedir para un miembro del Gobierno de Castilla y León, pero cuando los miembros del Ejecutivo autonómico asuman que no manipular datos e informarse adecuadamente de los temas del territorio es su responsabilidad y no una mera sugerencia, auguro que no se les hará tan cuesta arriba cumplir con su deber.

 

Como no puede ser de otra manera, los socialistas estaremos pendientes de cada palabra de la intervención de Marti, es nuestra responsabilidad. La seguridad de los habitantes del norte de la provincia y el futuro de la zona deben ser nuestra prioridad. Nosotros sí lo tenemos claro: mientras el PP enreda y pierde el tiempo seguimos reclamando un plan alternativo al cierre para las comarcas de Las Merindades, Bureba y Miranda de Ebro.