Tras revisar más de 260 nóminas correspondientes a los últimos cuatro años de una treintena de trabajadores del Ayuntamiento de Tobalina, la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social han dado la razón al portavoz socialista en ese municipio, Jesús Ángel López de Mendoza, quien denunció irregularidades en la cotización de las horas extraordinarias

Fue el pasado 8 de febrero cuando el edil interpuso una denuncia ante ambos organismos tras detectar que durante el año anterior se habían realizado más de 1.285 horas extraordinarias -lo que acarreó un coste para las arcas municipales de 26.405 euros- y que varios trabajadores superaban las 80 establecidas al año como máximo por el Estatuto de los Trabajadores.

Así, en las nóminas de los empleados, ese tiempo de trabajo adicional se incluía en el apartado ‘contingencias comunes’, en lugar de hacerlo como horas extraordinarias. ¿El resultado? Un incremento de la base de cotización que se traduce en cobrar una mayor pensión.

Tras analizar esa documentación, Trabajo ha requerido a este Consistorio que respete estrictamente la legalidad contemplada en relación a la realización de estas horas y que solo se realicen las de fuerza mayor. Igualmente advierte al Ayuntamiento de que el incumplimiento de este requerimiento supondría una infracción grave con su respectiva sanción.

Por otra parte, la Seguridad Social ha iniciado los trámites para evitar las consecuencias de esta cotización errónea, de manera que en el periodo comprendido entre marzo de 2012 hasta enero de 2016 se ‘rehagan’ las nóminas, puesto que si así no fuera la Seguridad Social desembolsaría un total de 64.200 euros de más repartidos en las futuras pensiones de estos trabajadores.

El concejal aclara que sí es necesario realizar horas extraordinarias, ya que el Valle de Tobalina está formado por 33 pueblos, con lo que es frecuente que surjan averías. Sin embargo, añade, eso no significa que sea razonable, por ejemplo, que el gasto correspondiente al primer semestre del año pasado por este concepto ascienda a 10.175 euros y en el mismo periodo del presente ejercicio -cuando ya estaba presentada la denuncia- se hayan empleado tan solo 3.900 euros. Un hecho que, para López de Mendoza, evidencia que “algo estaba haciendo mal el equipo de Gobierno”.

El edil socialista lamenta que esta práctica, que comenzó con el anterior alcalde, el ‘popular’ Rafael González, “haya tenido continuidad” en el mandato de la actual regidora, del mismo Partido, y vaticina que, de no haberlo denunciado, “esta ilegalidad podría haberse prolongado durante décadas”.

Por su parte, al igual que López de Mendoza, el portavoz socialista en la Diputación Provincial y secretario de Organización del PSOE de Burgos, David Jurado, ha exigido a Raquel González que “asuma responsabilidades”. “Esto es grave: una administración pública engañando a otra. Lo mínimo que puede hacer es explicar por qué pasando por lo menos tres filtros -una Gestoría que elabora las nóminas, el servicio de Intervención del Ayuntamiento y ella misma como alcaldesa- se ha producido esto”.

Un llamativo incremento salarial dio la pista. En mayo de 2015, Rafael González aumentó, vía decreto de Alcaldía, el sueldo de un empleado en 400 euros al mes. Al tener conocimiento de este hecho, López de Mendoza, recién elegido concejal en ese Ayuntamiento, presentó un recurso de reposición que quedó desestimado, tras haber pasado el plazo máximo de un mes para darle respuesta.

 

En octubre, el edil solicita el contrato de este trabajador y comprueba que además de figurar el aumento, cobra en concepto de gratificaciones 890 euros en horas extraordinarias, a raíz de lo que solicita todas las demás nóminas.