El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Burgos, David Jurado, ha acusado hoy de “oscurantismo” y “en ocasiones, hasta clientelismo” al equipo de Gobierno del PP en las políticas de personal de esta Institución.

En la reunión de trabajo que ha mantenido con los representantes de los sindicatos UGT, CSIF, USCAL y CGT, se ha puesto a disposición de estas organizaciones para colaborar en la solución de los principales problemas que denuncian en materia de Personal y que afectan de manera directa a la prestación de servicios sociales en el medio rural. Y esto en una provincia con importante dispersión y envejecimiento poblacional.

Según ha explicado, la mayor parte de la plantilla de la Diputación está empleada en el área asistencial, por lo que al Grupo Socialista le preocupa “enormemente su situación”. Y esa situación no es la deseable, según ha expuesto la representante de UGT en la Institución provincial, que ha hablado de escasez de personal tanto en las residencias de mayores como en los CEAS y de precariedad laboral, lo que repercute de manera directa en la prestación del servicio a las personas que residen en los pueblos.

Se trata de una circunstancia que las organizaciones sindicales han expuesto de manera reiterada y que han tratado de corregir en la Mesa de Negociación, pero el PP, lejos de atender sus demandas sobre la plantilla presupuestaria de 2017, que no consensuó con los sindicatos, se ratifica en la misma, a pesar de haber reconocido los problemas específicos de personal que sufren residencias como la de Oña. De hecho, el equipo de Gobierno sigue sin proponer soluciones concretas a ese problema que ya reconoce.

“Pedimos expresamente al equipo de Gobierno que nos detallara cuáles son los principios básicos que rigen esa plantilla presupuestaria y, a día de hoy, los desconocemos”, explica López Molina, abundando en el oscurantismo y falta de transparencia que denunciaba el portavoz socialista.

Plantillas mermadas

Según los representantes sindicales, a pesar de que la ley de presupuestos estatales en vigor limita las contrataciones, la Diputación debería aumentarlas ante “necesidades fundamentales” como esta. El PP sostiene que se cumplen los ratios en las residencias, pero lo que no dice, según López Molina, es que la situación de dependencia de los residentes “habitualmente” se agrava cuando ingresan en estos centros, al cambiar su hábitat, con lo que es necesario un refuerzo de personal para asistirles. Una necesidad que es difícil de constatar, porque a muchos no se les vuelve a valorar después de ingresar en las residencias.

A estos problemas, los sindicatos añaden el de las camas cerradas, precariedad laboral en los CEAS, lo que puede conllevar un importante retraso en el acceso a las plazas de las residencias públicas y la amenaza de externalización de algunos servicios que el equipo de Gobierno no desmiente de manera rotunda. Por eso, estos sindicatos piden al PP, que hasta la fecha hace oídos sordos a sus reclamaciones, que se sienten y les escuchen de verdad, por el bien  de los trabajadores y, sobre todo, de los usuarios de los servicios sociales en el medio rural.

También al Partido Popular va dirigido un ‘recordatorio’ de David Jurado: es el PP el que aprobó la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local “que tanto daño está causando a los ayuntamientos y a la Diputación”, también en materia de personal. Lo dice para que no se le olvide al portavoz del equipo de Gobierno provincial, que critica la norma en cuanto tiene ocasión.