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El PSOE de Espinosa acusa al Ayuntamiento de preferir “tirar a la basura” 100.000 euros que aprobar unas normas urbanísticas adaptadas a la realidad

22/12/2016 FUENTE:

Ciudadanos y PP votan en el Pleno por el desistimiento de la revisión en curso desde el año 2010 / Los socialistas lamentan que el delegado de la Junta se niegue a intervenir


Los concejales del PSOE en Espinosa de los Monteros acusan al Ayuntamiento espinosiego de preferir “tirar a la basura” los 100.000 euros que calculan, ha supuesto el proceso de revisión de las normas urbanísticas municipales en curso desde el año 2010, que adaptarlas la realidad del municipio.

El Pleno Municipal ha aprobado, con los votos de Ciudadanos y el PP, el desistimiento de esta revisión, en base a criterios “puramente políticos”, según denuncian los ediles socialistas, en lugar de apoyarse en fundamentos técnicos y jurídicos, que es lo que entienden que debería haber sucedido.

Los concejales del PSOE, partidarios de la revisión, critican que el alcalde, Javier Fernández-Gil, se ha apoyado en el informe de una letrada “con más experiencia en asuntos laborales que urbanísticos” para tumbar la revisión de unas normas que se inició con la exalcaldesa Pilar Martínez y que “ya no gusta al PP, porque su tramitación se mejoró después durante la etapa del alcalde socialista José Carlos Peña”, señalan.

Lamentan, además, la desidia del delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, a quien han acudido en varias ocasiones, puesto que la aprobación definitiva de revisión de las normas urbanísticas estaba pendiente de la subsanación de dos sectores que pedía la Comisión Territorial de Urbanismo. Un requerimiento que realizó al Consistorio en el pasado mes de junio, con un plazo de tres meses para ejecutarlo y que, finalmente, no ha cumplido. “El delegado se ha negado a intervenir con la excusa de no interferir en la autonomía municipal”, explican.

Para el PSOE de Espinosa de los Monteros resulta “incomprensible” la postura del delegado territorial de la Junta y la del propio regidor, que ha negado al municipio unas normas adaptadas a la nueva situación socioeconómica, puesto que las que están en vigor datan de 2003 y son anteriores al inicio de la crisis. Una muestra más, concluyen, de que Fernández-Gil es “un mero títere en manos del Partido Popular”.
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