La diputada nacional Esther Peña lamenta el importante desembolso de dinero al que se han visto obligados los pensionistas burgaleses desde la implantación del copago farmacéutico hace cuatro años. Así lo denuncia y precisa además que la provincia burgalesa, por el elevado número de pensionistas -88.568 a 1 de diciembre de 2016- es la tercera de la Comunidad que más abona por este concepto de los aproximadamente 141 que aporta el total autonómico por este copago “injusto e insolidario”. 

 

Peña precisa que el PSOE es contrario a este “cambio radical y unilateral de nuestro modelo sanitario”, una oposición demostrada desde el inicio de su aplicación, por lo que, reitera que su formación no va a apoyar “medidas, injustas y que afectan a los más vulnerables, como es el incremento del copago farmacéutico a un colectivo tan castigado por la crisis económica como es el de los pensionistas”. 

 

De hecho, recuerda la también secretaria general de los socialistas burgaleses, este colectivo se ha echado a los hombros el sostén económico de sus familiares en dificultades y que, con la inflación disparada al 1,5% en diciembre, ha visto reducida su pensión por primera vez desde 2012. Por ello, censura que el Ejecutivo central “no solo no garantiza el poder adquisitivo de nuestros pensionistas sino que, además, ahora quiere que paguen más por sus medicamentos”.

 

Igualmente, argumenta que a pesar de que el PP intentó vender la implantación del copago bajo el pretexto de la racionalización del gasto farmacéutico, los datos han demostrado la “falsedad” del planteamiento. “No se ha frenado el posible despilfarro, pero sí ha provocado que gente que necesita tomar una medicación ha dejado de hacerlo porque no tiene dinero para pagarla lo que, además de acrecentar los problemas de salud, implican un mayor coste para el sistema”.

 

De hecho, existe un importante porcentaje de pacientes crónicos, muchos de ellos pensionistas, que retira su medicación en algún momento de su enfermedad por razones económicas. 

 

Por último Peña señala que el “verdadero ahorro y eficiencia no se consigue con medidas injustas que limitan el acceso de los ciudadanos a recursos, servicios o tratamientos sino garantizando una correcta financiación de nuestro sistema público de salud y adoptando medidas objetivamente efectivas en comunidades gobernadas por el PSOE, como la subasta de medicamentos, la prescripción por principio activo o la compra centralizada”.