El senador Ander Gil recuerda que en la última legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero se destinó a la aplicación de esta normativa una partida de “más de seis millones de euros”, cuantía que en 2012, con la llegada del Gobierno del presidente Rajoy, ya se redujo, “en más de un 50%  a unos dos millones de euros, los cuales por distintos motivos “parece que no se gastaron” y critica que en 2013 la partida se dejó a “cero euros” y, en los años posteriores -2014, 2015, y 2016- esta “ha desaparecido del Ministerio de la Presidencia” 

 

 

El Grupo Socialista del Senado ha pedido hoy al Gobierno presupuesto suficiente que permita continuar los trabajos e iniciativas derivadas de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y, para ello, ha reclamado recuperar “la partida en el Ministerio de Presidencia “que tendría que ser como mínimo igual a la que se aplicó en el último año del Gobierno Zapatero”. Sin embargo, lamenta el senador socialista por Burgos, Ander Gil, el Partido Popular ha votado en contra de una reivindicación “de suma importancia para todo el territorio, pero en particular para la provincia burgalesa”. La propuesta ha sido rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular con 15 votos en contra, frente al resto de los grupos parlamentarios -10 votos a favor-. 

 

 

Recuerda Gil que en 2007 las Cortes Generales aprobaron la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como la Ley de Memoria Histórica. “Una  ley que declara la injusticia de todas las condenas, sanciones y violencia personal realizadas durante  aquel periodo y propone ayudas para los represaliados, apoyo del Estado a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas, y dictamina la retirada de los símbolos, de todo tipo, que conmemoren el levantamiento militar, la guerra civil o la dictadura, entre otros temas”, explica, reivindicaciones que, agrega, son fundamentales en el territorio burgalés.

 

Para Gil, este “desprecio” del Partido Popular hacia las víctimas y sus familiares contrasta con la “implicación que demostró el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que destinó a la aplicación de la Ley una partida de más de seis millones de euros, cuantía que en 2012, con la llegada al Ejecutivo central de Mariano Rajoy ya se redujo, “en más de un 50%, a unos dos millones de euros, que por distintos motivos “parece que no se gastaron”. Además, en el siguiente ejercicio la partida se dejó a “cero euros” y en 2014, 2015, y 2016 la cuantía “ha desaparecido del Ministerio de la Presidencia” y no ha figura en ningún otro. 

En este sentido, reivindica que “el Ministerio de la Presidencia es el lugar idóneo dada la transversalidad de las medidas previstas en la ley y que afectan al tema que nos ocupa, que pueden afectar a distintos ministerios y también por la importancia que le damos a dicha materia”.

 

Igualmente, recalca que desde que se aprobó esta norma, durante el tiempo del presidente Rodríguez Zapatero, esta tuvo un alto grado de cumplimiento, llevándose a término declaraciones personales de reconocimiento, la mejora de las prestaciones que venían percibiendo las víctimas; el reconocimiento de prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados “niños de la Guerra”, las víctimas del tardo franquismo o los homosexuales; se elaboró un mapa de fosas, y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta  actividad, con más de 5.000 víctimas exhumadas. “Además, agrega, se inició la retirada de símbolos, se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales, se creó en el 2008 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil para una atención e información centralizada al colectivo, se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos”.

 

En cuanto a la localización de fosas, asunto de especial trascendencia en la provincia, Gil recrimina al Grupo Popular que a pesar de haber manifestado “que era la parte de la Memoria Histórica en la que más estaba de acuerdo” y en la que “gastaría más dinero que en la etapa del Gobierno anterior”,  lo cierto es que a finales de Legislatura en un debate de presupuestos consideró que “no se ponía más dinero para exhumación de fosas porque no había peticiones”. Ander Gil critica esta postura porque España es uno de los países que tiene más desapariciones forzadas -se está hablando de un listado de unas 150.000 víctimas-, y destaca el esfuerzo que están haciendo muchas asociaciones en este sentido y en  distintas autonomías donde se estén aprobando leyes de memoria y de fosas para dar un mayor impulso, entre otros temas, precisamente a las exhumaciones.  

 

Para el senador socialista, vistos los informes de la ONU, “deberíamos estar analizando el desarrollo de la actual Ley, sus carencias y proponiendo fórmulas de mejora, entre otros, como la realización de un listado de víctimas, la asunción por los poderes públicos de la búsqueda y exhumación de las fosas, la constitución de una Comisión de la Verdad, la mejora  del acceso a los archivos, crear un banco de ADN”. 

Por todo lo expuesto, el PSOE pedía a los miembros de la Comisión Constitucional que apoyaran la propuesta socialista recalcando que “sin perjuicio de que aún hay mucha gente que no ha salido de la crisis, no es menos cierto que muchas de las partidas que se habían reducido están aumentando, y que en el caso que nos ocupa no estamos hablando de una reducción si no de una laminación absoluta de la partida, que lleva así desde el inicio de la décima legislatura, o sea más de seis años sin una financiación adecuada”.

 

Gil lamenta que “la realidad es que en estos momentos la Ley se encuentra en vía muerta, sin presupuesto” y con las iniciativas que venía desarrollando “paralizadas”, con figuras como la Oficina de Víctimas eliminadas, y con muchos de sus preceptos sin desarrollar, entre otros, la resignificación del Valle de los Caídos de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Expertos creada al efecto.

“En definitiva, que tantos años después el Estado niegue las ayudas necesarias para dar un entierro digno a las víctimas no es precisamente mandar un mensaje de reconciliación y puede ser interpretado como un agravio más de la dialéctica vencedores-vencidos de la guerra, igual que lo puede ser que se mantengan monumentos de parte, con tumba incluida del dictador, sin que se resignifiquen como monumentos a todas las víctimas, sea cual sea su procedencia”.