Los procuradores socialistas presentes en la comisión de investigación sobre los sobrecostes, infraestructuras, el presupuesto y las modificaciones del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), Mercedes Martín y Luis Briones, mantienen su postura crítica sobre el modelo de concesión de obra pública que escogió la Junta para este complejo.

Los argumentos que han ofrecido esta semana el exgerente del complejo asistencial de Burgos, Tomás Tenza, con quien se inició la ejecución de las obras, y el actual, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso ya en la recta final de las comparecencias, ratifican los argumentos en contra del PSOE. El primero reconoció “cambios no autorizados” y “tensiones” con la concesionaria y los financiadores y el segundo aseguró que la Oficina de Seguimiento de la Concesión (OSCO) y el órgano de contratación del Hospital de Burgos (HUBU) han sido "extremadamente rigurosos en la defensa de los intereses de la Administración regional”.

Durante estas comparecencias, Martín insistió en que “la evolución del precio del contrato del HUBU produce escalofríos” y consideró que la convivencia entre la gestión de la OSCO, el contratante, la concesionaria y el propio hospital debe ser endemoniada”.

¿Se hizo mal conscientemente para traducir 47 millones en 104?”, preguntó la procuradora, pero nadie contestó. En su intervención señaló que  “puede dar la impresión de que es un contrato hecho a la medida de la concesionaria y claramente perjudicial para la Administración pública”, ya que “los precios que se pagan no tienen nada que ver con lo que estaba reflejado en el contrato inicial”.

Por su parte, el procurador arandino Luis Briones, recalcó que “se hizo otro hospital y todo por un error geotécnico” y que a dos meses de terminar el periodo de ejecución estaba certificado el 57 por ciento, en lugar del 90 por ciento.