El senador socialista por Burgos, Ander Gil, registrará una proposición no de ley (PNL) en la Cámara Alta con el fin de reclamar al Ministerio de Industria que fuerce a la empresa nacional de Tratamiento de Residuos Radiactivos (ENRESA) a retirar la denuncia interpuesta contra el Consistorio del Valle de Tobalina y que pague la cantidad que adeuda a este. 

Como ha explicado -junto al portavoz socialista en ese Ayuntamiento, Jesús Ángel López de Mendoza- el motivo de que en un primer momento, tanto Enresa como Nuclenor, interpusieran sendos recursos de reposición fue ni más ni menos que no querer desembolsar el dinero que deben a este municipio por la licencia de obra del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

De esta manera, no quieren abonar los 134.000 euros que la propietaria debe alegando que los contendores son elementos movibles y por eso consideran que no están incluidos en ese permiso. Una vez desestimados ambos recursos, ha sido Enresa la que ha llevado al contencioso administrativo la licencia.

“Los titulares de la central nuclear y Enresa se quieren escaquear en el pago de impuestos municipales”, ha explicado Gil, quien además ha aclarado que la parte que adeuda esa cantidad es Nuclenor y no Enresa, por lo que carece de todo sentido que esta recurra a la Justicia para dirimir este asunto.

“Nos parece inaudito e impresentable que las grandes eléctricas con ingresos multimillonarios que pagamos de sobra con el recibo de la luz de cada mes, intenten no pagar esto”, ha manifestado Gil.

Situación de Garoña.  Ineludible era realizar una referencia a la situación actual de Garoña en una jornada en la que la renovación de la autorización de explotación de la planta nuclear vuelve al Pleno del Consejo e Seguridad Nuclear (CSN).

Ander Gil no ha dudado en tachar las actuales maniobras de “chanchullo del Gobierno y las eléctricas, que sentaría precedente en nuestro país para que otras centrales pudieran decir ‘yo también quiero la licencia que le distéis a Garona’ para  así seguir operando hasta los 60 años y seguir teniendo beneficios multimillonarios”.

El senador advierte de que se facilitaría que “cualquiera de las propietarias pudieran chantajear al Gobierno con el famoso lucro cesante”.  En definitiva, que tengan la posibilidad de alegar derechos adquiridos si un Gobierno toma legítima decisión de cerrar una central, con lo que ese Ejecutivo se vería amenazado por una demanda multimillonaria por cualquiera de las eléctricas que exhibieran este derecho adquirido. Es una decisión inaudita y rocambolesca”. 

Por todo ello, ha pedido “sensatez” al PP, que tiene mayoría en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “porque no estamos hablando no de una tienda de chuces sino de reactores nucleares, y debe primar la seguridad, así como no hurtar el debate en congreso y senado, como así está haciendo el Gobierno del PP”.