El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el borrador de presupuestos generales del Estado (PGE) 2017 ha demostrado que el PP de Castilla y León, que parecía haberse renovado durante los últimos semanas, “pinta incluso menos, es más irrelevante de lo que ya era el anterior”.

 

“Burgos ha salido severamente castigada, son los peores presupuestos desde hace al menos diez años”, ha manifestado Tudanca. Con él ha coincidido la secretaria provincial y diputada nacional, Esther Peña, quien ha concretado que el problema de estos números “ya no es que sean testimoniales, sino que han menguado hasta niveles incomprensibles, 127 millones de euros menos”, lo que supone una reducción del más del 40% respecto a los de 2016.

 

“Son impresentables, malos y no solo lo hemos expresado solo nosotros sino los agentes sociales. Son los de la paralización, con visos de mínima ejecución, partidas de miseria que año tras año no se ejecutan”, ha recalcado y ha lamentado que el Ministerio de Fomento “no da ni plazos ni fechas”.

 

Varias pruebas sobre la mesa para sustentar sus críticas, en cuanto al tren directo, este no dispone de cuantía entre Aranda a Madrid, y la partida es mínima desde la capital burgalesa a Aranda, “nos han engañado durante dos años y medio diciendo que no había estudio de viabilidad, lo sacan ahora y nos engañan ahora”.

 

Así las cosas, ha criticado que la información solicitada hace dos días por el Ministerio, sobre la viabilidad del trazado, en la reunión mantenida entre el ministro Íñigo de la Serna, y el presidente de la Diputación, César Rico, y el alcalde, Javier Lacalle, “ya la tienen. La plataforma del Directo les entregó tres estudios: el de la patronal burgalesa, el del Puerto de Bilbao y el la Universidad de Burgos”. “Datos tienen, pero lo que quieren es dilatar la paciencia de la opinión pública”, ha sentenciado.

Respecto al AVE, se comprueba que de los 196 millones de euros consignados en los presupuestos para 2016, no se ha ejecutado ni el 11% de lo previsto, y para este año desciende cinco veces, los datos consagran retraso de infraestructura estrella al menos hasta 2020.

Desprecio en estos números también a las demandas del sur de la provincia: en la autovía del Duero, se deja prácticamente a cero la inversión en el tramo burgalés, a diferencia de lo que ocurre en el soriano y vallisoletano. 

 

Por otra parte, en lo referido a la A-73 y la A-12, se repiten las cuantías del año pasado y que no ejecutaron y que, vaticina, contarán con la misma realidad para el presente ejercicio.

 

Capítulo aparte merece la situación de la nacional 1, de la que Peña ha criticado “el silencio cómplice e inquietante. “Es vergonzoso que ante la infraestructura más importante, los ‘populares’ no tengan tiempo para hablar con el ministro, y es que los presupuestos dejan cero euros para las necesarias obras en estas vías, seguiremos insistiendo en el estudio informativo necesario”, ha avanzado.

Otra comarca que no ha tenido mejor suerte es las Merindades. “En sede parlamentaria ya nos dijeron que no iban a poner un euro para el plan alternativo a la central de Garoña, lo que vuelven a confirmar estos presupuestos, cuando sabemos que Garoña no se va a reactivar”.

Además, la subida del 0,25% dejará un aumento de dos euros mensuales a los más de 83.000 pensionistas de la provincia, y a los más de 23.000 funcionarios se les aplicará un incremento de salario del 1% mientras que el IPC se sitúa en torno al 3%.

 

“Qué decir de la desvergüenza demostrada cuando tras llenarse la boca con el pacto contra la violencia de género el Gobierno deja cero euros para dar contenido a ese pacto tan cacareado”, ha añadido Peña.

Para los representantes socialistas, esta es una situación difícil y complicada, por lo que efectuarán un trabajo importante de enmiendas recabando información y recuperando iniciativas y solicitudes que desde el tejido social se les entregue. 

 

En ese sentido, avanza que habrá enmiendas destinadas a presentar un plan de restructuración industrial y un plan de empleo para municipios menores de 20.000 habitantes con altas tasas de desempleo, bajo las premisas de desarrollo sostenible.