El presupuesto de Presidencia alcanza casi los 122 millones. A pesar del importante peso político que tiene la Consejería,  su importancia en el presupuesto de este año es cuestionable y no registra incrementos de  un solo euro para la lucha contra la corrupción; son mínimas la partidas para la cooperación local; no se han modernizado ni mejorado las condiciones de los empleados públicos, y la propuesta de ordenación del territorio sigue sin convencer a nuestros alcaldes y concejales.

 

En lo referido a la transparencia y a la regeneración democrática, aunque se vislumbran algunos avances en lo que va de legislatura en ambas materias, creemos que las medidas siguen siendo claramente insuficientes. Ni la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad, ni la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, la llamada ‘Ley del Chivato’ han dado respuesta a los  escándalos de corrupción protagonizados por el Partido Popular en España y Castilla y León -véase trama Eólica , ‘Perla Negra’, ‘Gürtel’, ‘Púnica’ y como última ‘incorporación’, la ‘Operación Lezo’.

Todos estos casos están dañando seriamente a la credibilidad de las instituciones, y la agenda de medidas para la regeneración que anunció el presidente Herrera. Si obviamos afirmar públicamente que estos casos de corrupción les repugnan y les dan asco”, no hay ninguna otra prueba de que esto le incomode, como poner en marcha medidas efectivas para combatir esta realidad.

 

Además, es necesario que se reclame el cumplimiento de las condiciones acordadas en el Pacto sobre la Justicia al Estado. Lamentablemente nuestra región no tiene transferidas las competencias de Justicia y son muchas las necesidades materiales y personales que se están reclamando para nuestras ciudades y pueblos, para tener una justicia de proximidad, y tener  derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.

 

El presupuesto para cooperación local aumenta en este ejercicio un 4,78% respecto al 2016, pero tiene una deuda acumulada respecto del sexenio 2011-2017, de un 36,77%. En los últimos años, las entidades locales han sido las sufridoras de  sus políticas fiscales, tributarias y escasa financiación, por un lado por las políticas procedentes del  Estado al caer radicalmente la financiación a las diputaciones y ayuntamientos, y, por otro, las de la propia Junta. 

En lo relativo a la función pública, el PSOE considera que ha llegado el momento de dar un paso más para que todos los empleados públicos vuelvan a la situación anterior a la crisis y vean compensados los esfuerzos que sin duda han realizado en los últimos años, y que todas las iniciativas que vayan en esa dirección, y nuestras enmiendas y propuestas van en esa dirección empezando por una subida salarial que supere claramente el 1% previsto.

Por otra parte, el proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio es muy importante para Castilla y León, pero ha de cambiar sustancialmente, puesto que debe garantizar la autonomía municipal y adecuada financiación de las zonas rurales, para que sea apoyado por nuestro grupo parlamentario, tal y como nos ha pedido nuestro consejo de alcaldes, ya que -en otro caso- estaremos en contra, pues el objetivo fundamental que ha de perseguir entre otros, es dar una solución definitiva al grave problema de la despoblación que padece nuestra Comunidad. 

En síntesis, este proyecto de presupuestos no sirve para combatir uno solo de los problemas endémicos que tiene nuestra región, como la despoblación, la escasa financiación de las zonas rurales y la escasez de servicios que se les presta, y tampoco es útil  para marcar prioridades en materia de transparencia, calidad democrática y  lucha contra la corrupción.