La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y la procuradora Virginia Jiménez han anunciado que la pelea por el futuro de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña se intensificará en el nuevo curso político.

 

De hecho, el próximo miércoles se reclamará en las Cortes autonómicas mediante una proposición no de Ley (PNL) una vez más la adopción de soluciones reales que permitan garantizar el futuro del entorno de la planta nuclear una vez esta se clausure.

 

A través de la iniciativa se demanda al Gobierno de España la elaboración de un plan de desarrollo y dinamización socioeconómica dotado con un presupuesto suficiente y de carácter plurianual. Este plan deberá basarse en la participación de todos los agentes sociales y económicos del territorio y establecer el conjunto de medidas necesarias para promover un desarrollo alternativo para la zona de influencia.

 

Además, ha explicado Jiménez, a través de la iniciativa, se solicita “colaborar con recursos propios de la Administración autonómica en dicho plan, igualmente con una partida presupuestaria suficiente y también con el horizonte de los próximos años” e “implicar a la Diputación Provincial” en la financiación de esta programación.

 

Igualmente, ha añadido, “abogamos por la elaboración de un programa territorial de fomento industrial específico, en el marco del acuerdo suscrito entre la Junta y los grupos parlamentarios sobre industrialización y del Plan Director de Promoción Industrial, recientemente aprobado”.

 

Asimismo, la propuesta del PSOE recoge “actuar con la máxima diligencia en el estudio y dotación de soluciones de reinserción laboral a los trabajadores y trabajadoras que puedan estar afectados con la pérdida de empleo por la decisión de cierre definitivo de la central nuclear”.

 

Por otra parte, la formación también considera “importante crear una mesa por el futuro de las comarcas afectadas, en la que se desarrollen todas las medidas relacionadas con el futuro desarrollo de la zona y en la que participen las administraciones públicas competentes, los interlocutores sociales y económicos y, por supuesto, los ayuntamientos del entorno”.

 

Por lado, ha añadido la procuradora, “debemos constituir una mesa de seguimiento de todas las actuaciones, con sede en las Cortes de Castilla y León, en la que se coordinen los esfuerzos de las administraciones del Estado, de la Comunidad, Diputación Provincial y ayuntamientos afectados, junto con las centrales sindicales, empresariales y sociales interesadas, así como los grupos parlamentarios”.

 

“Otra de las actuaciones que reclamamos es el establecimiento de un calendario público para el desmantelamiento de la planta y el destino de los residuos de la misma, en el que también deben participar todos los agentes sociales y económicos del territorio y en el que se garantice la máxima transparencia”, ha agregado.

 

Por último, ha manifestado, “debemos reclamar al Gobierno de España que dé forma urgente impulse un Pacto de Estado de la Energía, a partir de la apertura de un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de promover una transición energética hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia, así como el apoyo al carbón autóctono”. 

 

“El PP se ha dedicado a mentir de forma sistemática a los habitantes de la zona, a los trabajadores y trabajadoras y a la opinión pública en general negando una realidad que ellos conocían perfectamente. Y así, han evitado tomar las medidas necesarias para trabajar en la reactivación económica de Miranda de Ebro y su entorno, de Las Merindades y de La Bureba”, ha aseverado Jiménez.

 

En cuanto a la próxima presentación de las cuentas autonómicas, Jiménez avanza que “los procuradores socialistas en las Cortes Autonómicas volveremos a tratar de recoger las demandas y las inquietudes que nos trasladen los ayuntamientos, los colectivos sociales y, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia”.

 

En cuanto a las infraestructuras, Peña ha avanzado que, una vez conocido el estudio de Somacyl encargado por la Junta sobre la demanda del Directo, y que se siga pendiente del de la Diputación de Burgos, se registrará hoy mismo una batería de preguntas, puesto que “queremos saber el motivo por el que Adif o Renfe no han querido aportar datos actualizados de las circulaciones del tren directo para estos estudios, puesto que los datos registrados son de 2012”.

 

También preguntan si hay previsión de incluir esta demanda en las cuentas generales del Estado, aunque confiesa Peña no tienen confianza en que así sea.

 

Por otra parte, ya que el Gobierno está preparando un informe para establecer qué líneas serán incorporadas en la red transeuropea de ferrocarril en 2023, como así lo ha solicitado ya la Comisión Europea a los estados miembros, el PSOE también reclama que Fomento explique si la línea del directo estará incluida aquí.

 

Otra iniciativa se centra en pedir el estudio de situación sobre la AP-1, “ha habido tiempo suficiente (el Gobierno aseguró en el mes de enero que lo estaba realizando) para que este se haga público y sobre todo que dejen de añadir incertidumbre en cuanto a la no liberalización de las autopistas”.

 

En otro orden de asunto, la líder de los socialistas burgaleses adelanta que “vamos a hacer una apuesta firme y clara con todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios; la ley de estabilidad y techo de gasto ha provocado que desde 2012 todos los ayuntamientos que han hecho la tarea no puedan invertir el superávit”.

 

“Es muy difícil explicar a los ayuntamientos que sobra dinero y que no se pueda arreglar las calles o mejorar el servicio de prevención de incendios”, ha explicado.

 

“El superávit es de 250 millones de euros en Castilla y León, es fundamental que se firme un real decreto ley para que los ayuntamientos puedan destinarlo a inversiones, propuesta de la Federación de municipios y provincias, y del Partido Socialista”, ha aclarado Peña.