El portavoz socialista en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza, y el secretario de Organización del PSOE de Burgos, David Jurado, han reclamado hoy a la alcaldesa de ese municipio, Raquel González, que dimita, después de que la Inspección de Trabajo haya emitido una resolución que da la razón a la denuncia interpuesta por el PSOE.

 

Así, este organismo ha reclamado anular los contratos de trabajo que vinculaban al equipo de Gobierno -de la alcaldesa y los otros cuatro ediles populares- con ese Consistorio, una cuestión que López de Mendoza ha calificado de “muy grave”.

En el Pleno de septiembre de 2015 fueron aprobadas las dedicaciones exclusivas parciales del equipo de Gobierno. Con ese acuerdo plenario solo debían darse de alta como altos cargos en la Seguridad Social, “pero lo hicieron todo al revés, de manera que se hicieron un contratos de obra y servicio y se dieron de alta en la Seguridad Social como altos directivos”, ha explicado.

Es más, tampoco hicieron figurar el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 21 de marzo de 2017, saltándose por varios meses el plazo máximo para hacerlo, y solo cumplieron después de que López de Mendoza lo denunciara en el Pleno.

 Igualmente, el edil del PSOE se muestra indignado por las manifestaciones de la alcaldesa basada en explicar este hecho en un error de la Gestoría. 

López de Mendoza advierte de que si no llega a presentar la denuncia a los tres años serian trabajadores fijos y tendrían derecho a haber cobrado finiquito como cualquier empleado, lo que hubiera supuesto percibir la correspondiente cantidad una vez finalizada la legislatura.

El Consistorio solo dispone de unos días para subsanar las deficiencias detectadas, plazo en el que, por tanto, deberá dar de baja a los cinco componentes del equipo de Gobierno.

En caso de que no se atendiera la petición, López de Medoza desconoce si la alcaldesa ha cumplido con la petición de Trabajo, este informa de la posibilidad de “levantar la correspondiente acta de infracción por los hechos detectados”, lo que, en definitiva, significa que podría suponer una sanción que sería sufragada a costa de las arcas municipales.