El Grupo Parlamentario Socialista consiguió hoy el apoyo de todos los grupos en las Cortes para instar a la Junta a que pida al Gobierno de España que no prorrogue la concesión de la autopista de peaje AP-1 una vez que finalice su vigencia en noviembre de 2018.

 

Así lo defendió la procuradora por Burgos Virginia Jiménez, quien insistió en que el elevado número de accidentes, los 10.000 vehículos, más de la mitad pesados, que transitan cada día por esta vía convierten este tramo entre Burgos y Miranda de Ebro, en “una vía de alto riesgo, en un auténtico punto negro de 60 kilómetros”.

 

Tramo que no es de recibo “en un país desarrollado” y donde se han producido numerosas víctimas de accidentes. Por ello, Jiménez y en aras del consenso aceptó una enmienda de sustitución del PP en el segundo punto de la PNL.

 

Así, las Cortes instaron a la Junta a materializar a la mayor brevedad posible la suscripción de los convenios oportunos para derivar el tráfico pesado de la N-I en el tramo Burgos-Miranda de Ebro a la autopista de peaje AP-1, así como en la N-VI en la travesía de San Rafael hacia la autopista de peaje AP-6.