El rescate del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU) para su gestión pública al 100%- en la actualidad tiene 14 servicios externalizados- requiere una voluntad política de poner fin a una situación “absolutamente insostenible para el sistema público de Castilla y León” y que expertos en gestión sanitaria han definido como “no razonable”.

Se trata de una de las primeras conclusiones que extraen los procuradores socialistas presentes en la Comisión de Investigación de las Cortes de Castilla y León sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, Mercedes Martín y Luis Briones.

Esta semana han comparecido el profesor de la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto Carlos III de Madrid, José Manuel Freire, el gestor sanitario y ex–profesor de la UPM, Pedro García Fernández, y el vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, Ricard Meneu de Guillerma.

De sus exposiciones, “nos ha quedado claro que el contrato  es absolutamente clave y perjudicial en este proceso”, apunta Martín. También deduce, por las explicaciones de estos expertos, que el modelo de concesión de obra pública que escogió la Junta de Castilla y León para construir estas instalaciones concluye en proyectos que “tienen un resultado final más caro y más costos para la administración pública”.

En el caso del HUBU, la concesión se aprobó por un periodo de 30 años y con un precio final de 1.010 millones de euros. A falta de 25 años para que expire ese plazo, el precio del hospital ha crecido hasta los 1.700 millones, “y los que no sabemos de esto, nos preguntamos por qué”, dice la procuradora socialista.

Ni más rápido, ni más barato y con un contrato incontrolable

“Está claro que se puede haber hecho un plan de viabilidad del 2001 al 2005, que se puede haber  estudiado un plan funcional, está muy bien, pero el resultado final es el que cuenta, porque al final el resultado es dar la vuelta como un calcetín al proyecto inicial, que ni se parece en nada y, lo más importante, que nos ha costado muchísimo más de lo previsto y estamos en 2017; nosotros no queremos pensar ni nadie sabe, qué puede pasar si esto sigue así en 2036”, subraya.

En su opinión, la realidad ha desmontado los argumentos que adujo el PP para optar por el modelo concesional para este centro, ya que “la obra no ha sido ni más rápida ni más barata”. De hecho, se terminó dos años después de lo previsto y, mientras tanto, el contrato escapa al control público.

“A lo largo del desarrollo de esta Comisión hemos llegado a la conclusión de que este es un contrato que curiosamente llevó a cabo la Junta con la concesionaria, que parece que se ha hecho con premeditación, alevosía y una clara intención de perjudicar el interés público en beneficio de este conjunto de empresas”, advierte la socialista, al tiempo que añade, “y todo esto, con unas dificultades explícitas e infranqueables para el control público; es que parece ser que no hay forma ni divina ni humana de controlar este contrato”.