La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, aplaude la beligerancia de los alcaldes y alcaldesas, a quienes atribuye el “éxito” que supone que el Gobierno haya rectificado la prohibición a los ayuntamientos de invertir el superávit acumulado del año 2017, de más de 5.000 millones de euros en el conjunto del país. “Velaremos por que el Ejecutivo cumpla”, advierte la también diputada nacional.

La parlamentaria socialista recuerda que esta formación ya arrancó el compromiso de la Diputación en este sentido, a instancias de los regidores y regidoras, en diciembre de 2016, ya que se trata de una necesidad imperativa para muchas localidades “que ven estranguladas sus inversiones aunque tienen unas cuentas saneadas y quieren mejorar la atención a sus vecinos y vecinas y fijar población.”.

Peña urge la aplicación efectiva del acuerdo que ayer alcanzaron la Federación Española de Municipios y Provincias, (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, “muy necesaria en esta provincia, la que más municipios tiene de España y con 650 entidades locales menores”.

La secretaria provincial del PSOE espera que el presidente del PP de Burgos, César Rico, sea consecuente con su posición en la Diputación el pasado diciembre y vele también por el cumplimiento de este acuerdo. “Esta política de regla de gasto del Partido Popular que tanto ha castigado a las entidades locales tiene que llegar a su fin, porque atenta contra las competencias y la autonomía política y financiera de los ayuntamientos”, recalca.

Recuerda que, en la misma línea, la secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, ha exigido al Gobierno que “en un plazo de 15 días, presente un decreto ley por vía de urgencia en el Congreso de los Diputados para que los ayuntamientos puedan utilizar sus superávits con carácter  inmediato”.

“Más vale tarde que nunca –apunta Sumelzo-, aunque este anuncio llega con mucho retraso a la vida municipal y solamente a través de la presión y la unidad de acción de alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos y a través de la FEMP se ha podido conseguir”.

Para la responsable de Política Municipal es fundamental que los ayuntamientos españoles destinen los superávits generados en políticas de bienestar que beneficien a las personas que viven en las ciudades y en los pueblos: políticas activas de empleo, infraestructuras educativas, políticas sociales, seguridad, políticas de igualdad. “Los ayuntamientos españoles llevan varios años desactivados por culpa del Gobierno del PP –ha señalado- y hay que utilizar el superávit en el 2018 y 2019 para hacer política para la gente”.