La procuradora socialista María Fernanda Blanco considera que la Junta “se lava las manos en relación al desastre de Fresdelval a pesar de que existe una sentencia que evidencia su afán especulativo y el del Ayuntamiento”. Así resume la parlamentaria la respuesta ofrecida hoy, durante la sesión plenaria de las Cortes regionales, por el consejero de Fomento, Antonio Silván, a su pregunta sobre la postura de la Administración regional, y sus responsabilidades, en este asunto.

Así, la parlamentaria critica que a pesar de su insistencia, el máximo responsable de Fomento “no ha considerado pertinente dar una sola explicación”. De hecho, concreta, “su intervención no ha sido más que una retahíla de evasivas”. “Como siempre, y no sólo en este asunto, la carencia de transparencia y el firme convencimiento de que no tienen por qué rendir cuentas ante la ciudadanía han marcado una intervención que viniendo de un consejero se puede calificar de bochornosa”, considera.

Blanco ha recordado durante su intervención que la sentencia declara la nulidad de pleno derecho de una orden de la Junta, que permitía un incremento de la edificabilidad en el entorno del Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval; es decir, poder construir 2.171 viviendas donde antes sólo era posible 210. “Un pelotazo urbanístico en toda regla, estimado en más de 50 millones de euros, y todo muy, muy chapucero”, ha criticado.

Así, la procuradora ha manifestado que esta sentencia “debería sonrojar” a la Junta, puesto que recoge argumentos tan contundentes como la evidencia de los efectos negativos sobre el medioambiente que implica esta decisión “desde el momento en que el número de viviendas previsto se multiplica por diez, así como la densidad y el aprovechamiento”. Y es que, destaca, “la modificación debería haberse sometido a la evaluación ambiental”. “Deberían sentir vergüenza”, ha reprochado la socialista a SIlván durante su intervención.

“La Junta de Castilla y León, mientras defiende de boquilla en foros públicos que la filosofía de la Consejería en materia de vivienda es la ‘Carta de Ciudades Sostenibles’; su compromiso con la regeneración urbana; y con garantizar nuestro patrimonio urbano y  sostenibilidad, toma decisiones que, como bien dice el fallo, no respetan en absoluto los principios del derecho español de urbanismo sostenible ni de modelo de ciudad compacta y no dispersa”, ha lamentado. De hecho, ha recalcado, esta “genialidad de la Junta” permitía la creación de un núcleo de población de unas 6.000 personas en un entorno natural singular totalmente aislado no sólo del de la ciudad de Burgos, sino también de otros sectores de suelo urbano.

La Junta de Castilla y León, “mientras hacía dejación de responsabilidades”, al no contar con Plan Director de Vivienda y Suelo desde 2009; al planificar sin ordenación territorial; y al recortar el 80% de los apoyos a los ayuntamientos para elaborar sus planes de ordenación urbana, “acudió -ha criticado Blanco- a la petición de los responsables del Ayuntamiento burgalés para aprobar la recalificación y sacar adelante este pelotazo urbanístico”, y ello a pesar de tener hasta seis informes técnicos en contra;  y es que sólo fue posible por la intervención del consejero de Fomento; de hecho, así lo cita expresamente la sentencia.

“El Partido Popular ni ha asumido ni va a asumir responsabilidades en materia urbanística y de política de vivienda ni en casos como el recogido por esta sentencia, ni en decisiones como las tomadas por la doctrina de Aznar, hecha ley, que permitió declarar urbanizable todo el suelo, provocando el mayor efecto especulativo en este país, causa, además, de la crisis económica que hoy todos estamos pagando”, ha asegurado Blanco.