Una de cada tres personas inscritas en lista de espera para consultas externas en nuestra Comunidad pertenece a la provincia burgalesa. En muchas especialidades, la situación se agrava hasta registrar esta “lamentable media”: de dos pacientes, uno es de Burgos. Es el caso de cirugía vascular, anestesia y reanimación, cirugía pediátrica, neumología, u obstetricia. Ésta es tan solo alguna de las cifras, correspondiente al período de junio a diciembre de 2012, que hacen -según la secretaria de Organización del PSOE, Esther Peña Camarero- que se acabe de cumplir el “tristísimo aniversario" del Real Decreto 13/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, cuyas decisiones han supuesto el retroceso a una época anterior a la Ley General de Sanidad de 1986.

“En este año de decreto, en Burgos hemos pasado en lista de espera quirúrgica de 52 días de tiempo de espera a 97, son 30 los médicos de familia que desaparecen en este 2013 en el medio rural, y la totalidad de los consultorios médicos de la provincia han visto rebajado su presupuesto”, ha enumerado, entre otros muchos ejemplos. De esta manera, la procuradora María Fernanda Blanco ha anunciado hoy que se debatirá las Cortes regionales una iniciativa urgiendo a elaborar un plan urgente de reducción de la lista de espera de Burgos que nos sitúe “al menos” dentro de los parámetros del resto de la Comunidad.

Además, los socialistas han exigido que “en el caso de esta iniciativa”, su debate no se demore. Así sucedió con la relativa a la supresión de las guardias médicas: pasaron seis meses desde su presentación hasta que se debatió, período en el que ya se había adoptado la medida, a pesar de que el PSOE solicitó que se tramitararan las iniciativas socialistas de manera urgente por la gravedad de la decisión de la Junta.

Igualmente, la atención sanitaria a la inmigración irregular está siendo diferenciada no sólo por comunidades, sino también por provincias. Así, son los profesionales, en muchas ocasiones, bajo su responsabilidad, los que eligen qué hacer con un paciente. Es el caso, según ha relatado la secretaria de Organización, de ‘un sinpapeles’ atendido en el hospital de Burgos, al que se le facturaron más de 14.000 euros por su hospitalización. “Presentaremos una pregunta oral para que la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, nos explique cómo este decreto está afectando a los inmigrantes", ha anunciado.

En cuanto a la evolución del gasto sanitario por habitante, la secretaria de Organización de los socialistas burgaleses ha precisado que en Burgos hemos pasado de 1.348 euros en 2011 a 1.265 en 2013. Por todo ello, el PSOE seguirá defendiendo un modelo “siempre público y medidas imprescindibles para que así sea”. “Creemos que un modelo sanitario debe ser fruto de un pacto de Estado que garantice en todo el país la igualdad de derechos a todos los ciudadanos. No podemos basarnos en motivos ideológicos para modificar el sistema cada vez que haya un cambio en la Presidencia del Gobierno”, ha asegurado la socialista, quien también teme que las nuevas medidas que en breve va a presentar Rajoy “acarreen nuevos recortes en sanidad, ahora abriendo un debate sobre la revisión en la cartera de servicios y el copago en este caso, hospitalario”.

Así, Peña Camarero ha concluido que éste es un decreto que no sólo no ha supuesto ningún ahorro a las arcas del Estado, sino que es un riesgo para la salud de toda la ciudadanía”. “Una medida con la que se rompe el consenso y se destroza un sistema ejemplar, introduciendo un sistema sanitario que rompe las garantías de equidad, universalidad y gratuidad, precisamente lo que los socialistas han defendido siempre como irrenunciable en el sistema sanitario”.

 Prueba de ello, ha expuesto son la Ley General del Sanidad del 86, y la de Salud Pública de 2011 y "cuando hemos estado en la oposición, mostrando nuestro apoyo a la Ley de cohesión sanitaria de 2003". Pero en 2012 “llegamos al decretazo sanitario introduciendo un modelo que supone recortes, copago y privatización”. En sólo un año, ha dicho, “hemos visto de todo: deterioro importante de los servicios sanitarios, urgencias saturadas, menos camas, menos médicos, y, en general, menor calidad en la asistencia sanitaria", actitud de la que se han derivado medidas “tan lamentables” como la supresión de las guardias médicas nocturnas en Oña y Pradoluengo.