“El consejero de Sanidad miente cuando asegura que no se están emitiendo facturas a los dos inmigrantes”. Así resume la procuradora socialista María Fernanda Blanco las declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a raíz de su pregunta esta tarde en el Pleno sobre la intención de forzar el cobro o no de los recibos emitidos por el Hospital Universitario por la atención sanitaria dos inmigrantes, uno de ellos, menor. 

No sólo eso, relata Blanco, la escueta intervención del máximo responsable de Sanidad ha “estado repleta de contradicciones”. De hecho, Sáez Aguado no ha dudado en asegurar que en el caso de los inmigrantes, esa facturación “ni se produce ni se deriva a los afectados”, para más tarde afirmar que “atendemos a todas las personas que lo necesitan y después estudiamos si es posible facturar esas asistencias, puede ser la UE, países con los que hay convenio, mutuas de accidente de trabajo y, en otros, particulares”. “En definitiva, que la Junta intentaría cobrarlo por todos los medios, y que sí se contempla exigírselo al afectado como una de las vías”, remarca.

Además ha recordado, durante su intervención, que Sáez Aguado ya ha manifestado públicamente que “el derecho a la asistencia sanitaria no significa que ésta sea gratis”.  

No sólo eso, Sáez Aguado le ha contestado a Blanco que “en el caso del menor, ¿sabe usted que su madre era una inmigrante con situación regularizada y tenía derecho a la asistencia sanitaria y que el niño no estaba regularizado?” Unas declaraciones que Blanco considera “totalmente fuera de lugar” y además, aclara, “es caer muy bajo culpar sutilmente a la madre, que sufre una situación de estas características”. En este sentido, Blanco se pregunta por qué la Junta, en lugar de avisarla de estas irregularidades, permite que el HUBU la “acose con facturas por atender a su hijo, un menor”.

Igualmente, Blanco ha lamentado que éste sea un ejemplo de en qué se traduce una gestión privada. “¿Están dejando que marque la pauta el hospital privado de Burgos donde, qué casualidad, han aparecido estas facturas, y donde sus gestores privados no perderían la más mínima oportunidad de aplicar la norma buscando el mayor beneficio para sus intereses?”, ha preguntado Blanco a Sáez Aguado.

Además la procuradora ha recordado que los inmigrantes, que ya acudían menos que el resto de la población a los servicios de urgencias, “están evitándolo todavía más por miedo a que se les cobre o denuncie” y que la Junta “no se está dando cuenta de que está haciendo que un ahorro insignificante se pueda convertir en un gasto superior cuando el proceso se complica".