El portavoz del Grupo Municipal de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Medina de Pomar, Isaac Angulo, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo nº 2 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, un recurso solicitando la paralización de la subida de las tasa por agua que pretende López Marañón para este año.

Considera el portavoz socialista que las cuentas presentadas por la concesionaria Aquagest no justifican la subida planteada por el Ayuntamiento. Así lo alegó en el Pleno del Ayuntamiento y “así se lo hicimos saber al alcalde mediante recurso de reposición”. José Antonio López Marañón, amparándose en un informe técnico de los servicios de asesoramiento municipal, considera que al ser una tasa y no un precio público no se debe de someter la subida a la consideración de la Comisión de Precios de Castilla y León. El PSOE cree, por el contrario, que consultar con esta Comisión la subida da seguridad jurídica al usuario.

El debate no es si es una tasa o un precio público. Asumimos que es una tasa, pero debe saber el alcalde que el artículo 4 y el 10 del Decreto 29/2007 de 22 de marzo que regula esta Comisión, permitiría al Ayuntamiento  someter a este organismo cualquier intención de subida del precio del recibo por agua en nuestra ciudad.

Es obligatorio, según nuestro entender hacerlo, pero es que además el alcalde podría validar su gestión en las concesiones con Aquagest. Nos referimos por ejemplo a no haber contabilizado la deuda por la construcción de la piscina hasta el 2012, o permitir la rescisión del contrato de la piscina cubierta sin contraprestaciones de la concesionaria, o el mantener en el limbo jurídico durante un año a la depuradora municipal.

Seguimos afirmando que el alcalde no se preocupa lo suficiente por los intereses de sus vecinos. En las cuentas presentadas por la concesionaria hay grandes lagunas  y datos contradictorios con las cifras manejadas por la contabilidad municipal que no se han revisado a fondo y se han dado por válidas en un gesto de manifiesta irresponsabilidad.

Dado que el alcalde no atiende a las necesidades de los vecinos, los concejales socialistas se sienten obligados a hacerlo por él. Porque cuando un servicio público se privatiza debe de mejorar en calidad y en precio final para el consumidor. Si alguna de las dos condiciones no se cumple, como afirmamos que es el caso, habría que pensarse seriamente el revertir la privatización y volver a hacerlo público.