La secretaria de Organización del PSOE de Burgos y diputada provincial, Esther Peña Camarero, exige a la Junta de Castilla y León que garantice la financiación para el transporte público en la provincia y que reponga- a través de las empresas concesionarias- las rutas y frecuencias de autobús que fueron eliminadas hace un año, y que han sido reivindicadas por varios ayuntamientos.

 

Entre otros casos, cita el de Salas de los Infantes, que en Pleno Municipal del pasado mayo acordó reivindicar al Ejecutivo autonómico la restitución del autobús del sábado entre Burgos y Soria, así como que mantenga de manera definitiva los servicios que restableció en las tardes de lunes a viernes.

 

Pero también recuerda que en Covarrubias la Junta redujo de siete a cuatro los servicios de autobús de la villa rachela y que el delegado territorial de la Administración autonómica en Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, trasladó a su alcalde, Óscar Izcara, la negativa del Gobierno de Juan Vicente Herrera a dar marcha atrás en las medidas de recorte que adoptó en los diferentes acuerdos con las empresas concesionarias, que decidieron reducir servicios a causa de la disminución de ingresos por parte de esta Institución.

 

Peña Camarero aduce a la importante función social de este tipo de transporte para exigir a la Junta que los mantenga. A modo de ejemplo, destaca que de los más de 33.400 usuarios en potencia de este servicio en la provincia, un 21% tienen entre 71 y 80 años de edad; un 37% entre 61 y 70; y un 29% entre 51 y 60.

 

Pero es que, además, en cerca del 69% de los casos este tipo de viajes tiene carácter saniatrio y un 57% del total de usuarios y usuarias son mujeres. 

La secretaria de Organización del PSOE de Burgos sostiene que este servicio cumple el objetivo de evitar el aislamiento de los ciudadanos y ciudadanas que residen en el mundo rural y que tienen dificultades de acceso a servicios básicos como la sanidad, educación o gestión administrativa.

 

En esta línea, concreta que hace un año la Junta de Castilla y León, a través Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento, procedió a reducir el 30% de los fondos que se destinaban al mantenimiento del transporte público, afectando a las líneas y  frecuencias del transporte convencional y el transporte a la demanda.

Tras implantar la Administración regional en  2004 el servicio de Transporte a la Demanda como un sistema en el que el servicio se planifica a través de la interactuación con la Administración y el operador para hacerle llegar sus necesidades de transporte, en 2012 esta institución anuncia una “reordenación de servicios”. Resultado: medidas que suponen una disminución del 30% de los cerca de 18 millones de euros que cuesta el servicio de transporte en el medio rural.

 

Hasta entonces, concluye Peña Camarero, más del 90% de las personas que utilizaban este transporte lo consideraban “bueno o muy bueno”, por lo que exige a Herrera que rectifique este recorte de fondos que afecta a las más de 170 rutas de la provincia que cubren 640 localidades y 133 municipios. “Se trata de un recorte no menos preocupante que los que ya está aplicando en Sanidad y que el PSOE no está dispuesto a consentir”, concluye.

Esta reducción económica ha afectado a las cerca de 800 rutas de transporte en el medio rural, que atienden a más de un millón de personas en Castilla y León y daban servicio a 3.470 entidades de población.

 

Para Peña Camarero,  “con este tijeretazo a todo el servicio de transporte y la subida del viaje, se condena al aislamiento al medio rural y sus vecinos. Y es que se produce un desmantelamiento de este servicio básico de transporte que permitiría vertebrar el territorio de Castilla  y León”. De hecho, lamenta, existen municipios que, con la propuesta de reorganización del personal sanitario presentada por la Junta, unido al “gravísimo recorte” del transporte público, se quedarán aislados del acceso “a un servicio básico como es la sanidad”.