El Gobierno de Rajoy “ha castigado”a los municipios con un descenso en la cuantía del plan concertado para este fin de un 66% / El PSOE expresa su temor a que prestaciones como los CEAS o la Teleasistencia no tengan garantizada su continuidad para el próximo año

El senador socialista por Burgos, Ander Gil, lamenta que la provincia -una de las que más municipios (368) y pedanías (665) tiene de toda España- sea “especialmente perjudicada” por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de reducir en un 66% los fondos del plan concertado para servicios sociales.

Estas cuantías, apunta el socialista, son “vitales” para que los ayuntamientos de Burgos puedan mantener servicios de proximidad “esenciales” como la Teleasistencia, que tiene más de 485 usuarios en la provincia. “Las recetas de Rajoy son tan acertadas como las de un médico que prohíbe tomar hierro a un paciente con anemia”, considera. “También induce al coma otros servicios sociales imprescindibles de proximidad, como los 21 CEAS rurales existentes”, añade y explica que este “nuevo mazazo del PP” supone que prestaciones como las citadas no tengan asegurada su continuidad para 2014.

En esta línea, Gil precisa que, además, la provincia cuenta con una población dispersa y envejecida y recuerda al PP que son los ayuntamientos los que tienen que atender en primera instancia a los ciudadanos con necesidades. Ésta es la finalidad del plan -que funciona desde el año 1988-, que consiste en que el Estado dota a esos consistorios de fondos para afrontar los gastos en servicios de carácter social. 

De hecho, para 2012, el PP, en palabras del senador, “ya ejecutó un primer hachazo” con una reducción del 45%, de tal manera que -para este fin- descendió la cantidad de 86 millones a 49. Para el presente ejercicio, volvió a recortar con el siguiente resultado: el fondo no alcanza los 30 millones.

Para Ander Gil, esta disminución de la cuantía “no tiene ninguna justificación”. “Se trata de algo más que de un recorte totalmente desproporcionado, es un ataque brutal a las prestaciones sociales, un desmantelamiento encubierto de lo público que ofrecen los ayuntamientos en el momento en que más se necesita”, opina. Precisamente, el mantenimiento de los fondos de este plan era una premisa intocable para todos los gobernantes desde su entrada en vigor, de tal manera que, para Gil, “no es legítimo argumentar sistemáticamente, como hace este Gobierno, la austeridad presupuestaria. Dejar tiradas a las personas es, sencillamente, miserable”.

“La ciudadanía, especialmente nuestros mayores, ya tiene bastante con las subidas de impuestos, la amenaza última de bajada de las pensiones o el copago farmacéutico al que debe hacer frente con la pensión ya congelada”, recrimina a los ‘populares’.