El PSOE de Burgos se muestra satisfecho por haber logrado un acuerdo unánime en las Cortes de Castilla y León en defensa del mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Burgos y  de los partidos judiciales con su actual estructura, en lugar de centralizar sus competencias en las capitales como pretende la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial propuesta por el Gobierno de España.  

Así, según el procurador socialista David Jurado “de nuevo”, el PSOE -esta vez, con la presentación de una proposición no de Ley- “ha salido en defensa de los servicios públicos seriamente atacados por las decisiones del PP”.  Una iniciativa que ha sido debatida durante la sesión plenaria y que ha obtenido el respaldo de los ‘populares’ tras aceptar una mínima modificación que proponían en el texto. De materializarse la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el acceso a la Justicia con la eliminación de estos partidos judiciales, “sería imposible para los ciudadanos del ámbito rural”, puesto que éstas son una Comunidad y una provincia muy extensas, por lo que esa medida conllevaría desplazamientos muy prolongados.

Además, Jurado ha argumentado, durante la defensa de esta iniciativa, que esta propuesta de reforma también supone una invasión de competencias autonómicas al proponer el desdoblamiento de la sede del TSJ entre Burgos y Valladolid, lo que, a juicio del procurador, “genera una polémica absurda. Este asunto está resuelto en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Sedes de Castilla y León, en la que se recoge claramente que la sede del TSJ está en Burgos”.

Por otra parte, el socialista se muestra “cauteloso” con el acuerdo alcanzado  hasta ver qué sucede mañana en el Congreso de los Diputados, donde se votará la misma proposición. En cualquier caso, añade, este pacto es “muy relevante” porque fija una posición política de Comunidad para rechazar la propuesta de reforma, pero tiene una temporalidad muy concreta, 24 horas, que es lo que va a tardar en debatirse la iniciativa en la Cámara Baja, “donde sí es vinculante”. De este acuerdo, se deduce que los parlamentarios nacionales de Castilla y León, “por coherencia”, deben voten a favor de la retirada de propuesta de reforma, como sí harán los del PSOE”, aclara el procurador. De esta manera, Jurado espera que el PP “haga valer el acuerdo alcanzado y no haga, como en otras ocasiones, electoralismo, votando a favor en las Cortes de Castilla y León y desmarcándose después donde la votación es decisiva”.

Reconocimiento a colectivos y ciudadanía. Jurado además ha reconocido el trabajo de los colectivos profesionales de la Justicia que, desde el primer momento, se opusieron a esta reforma, mismo caso que la ciudadanía burgalesa que no ha dudado en mostrarse en contra de esta propuesta. 

De igual forma, ha contrapuesto estas actitudes de “reivindicación y sentido común” al “estrepitoso ridículo que está haciendo el PP de Burgos, con Lacalle a la cabeza, quien organiza una recogida de firmas”. “Esa no es la función del alcalde, sino hacer gestiones ante el Ministerio, dirigido por su mismo partido, en defensa de los intereses de Burgos y no ser objeto del menosprecio de su propio Gobierno, como sucedió ayer cuando le recibió el subsecretario en lugar del propio ministro. Esto demuestra la poca influencia del PP de Burgos en Madrid”, considera Jurado.