El Partido Socialista de Castilla y León exige a los parlamentarios nacionales del PP de Castilla y León que defiendan en Madrid el mismo compromiso con el municipalismo que han pactado en la Ley de Ordenación del Territorio en las Cortes Autonómicas. De lo contrario, el borrador de ley de reforma local que prepara el Gobierno de Rajoy provocará un importante éxodo rural.

 

Así lo ha expuesto el secretario autonómico de política Autonómica y Municipal del PSOE, Juan José Zancada, que hoy ha mantenido en Burgos una reunión de trabajo con los diputados provinciales del PSOE y responsables de la Ejecutiva Provincial para analizar las novedades que contempla la Ley de Ordenación del Territorio.

 

Según ha dicho, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contradice lo aprobado en las Cortes de Castilla y León, que blinda la estructura del municipalismo y la prestación de servicios sociales básicos en los pueblos.

 

El borrador de la ley nacional contempla, entre otros aspectos perniciosos para el medio rural, que sean las diputaciones las que asuman la prestación de servicios como recogida de basuras, limpieza de calles y el del agua. Un aspecto del que los socialistas discrepan, puesto que la única opción posible para que las administraciones provinciales pudieran asumir esas nuevas competencias pasaría por su privatización.

 

En ese sentido, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, José María Jiménez, ha incidido en la preocupación del PSOE de Burgos en cuanto a las consecuencias que pudieran derivarse de la reforma local en la provincia en materias tan sensibles como los servicios sociales y las plazas residenciales. 

 

Temen los socialistas burgaleses que la Diputación acabe por privatizar la gestión de sus cinco residencias ante un posible conflicto a competencial con la Junta. Un camino que ya ha emprendido en la Diputación de Soria, como ha recordado el secretario general del PSOE de Burgos y diputado nacional, Luis Tudanca.

 

El hecho de que la Institución provincial burgalesa no esté cubriendo todas las plazas vacantes en sus centros residenciales, como es el caso de Oña, y la opacidad del PP en cuanto al futuro de los mismos, alimenta las sospechas socialistas de que los populares plantean hacer negocio con los servicios sociales, “pero no lo vamos a consentir”, ha apostillado Tudanca.

 

Así, el PSOE mantiene en vigor su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad si prospera la reforma del Gobierno, aunque esperan conseguir que rectifique.

 

“El acuerdo que hemos alcanzado en Castilla y León en ordenación del territorio demuestra que cuando el PSOE está  presente en los acuerdos les van mejor las cosas a los ciudadanos y ciudadanas”, ha subrayado el secretario general del Partido Socialista de Burgos.

 

Así, el PSOE de Burgos ha ratificado hoy su compromiso de garantizar la prestación de servicios públicos y de calidad en los 371 ayuntamientos y 652 entidades locales menores de la provincia, sin consentir la supresión de las mismas.

 

Zancada ha insistido en que el ahorro económico con el que el Gobierno del PP está intentando justificar esta reforma ante Bruselas no es real. Un punto en el que ha coincidido el portavoz socialista en la Diputación, José María Jiménez, al recordar que en el caso de Burgos, el mayor problema de endeudamiento lo tiene el Ayuntamiento de la capital, con más de 50 millones de euros, mientras que la mayor parte de las pedanías gozan de una buena salud económica.