El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso defenderá el próximo martes una Proposición no de Ley en contra de la supresión de partidos judiciales que contempla el borrador de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

 

En el caso de Castilla y León, el texto prevé reducir de 32 a 9 los juzgados del medio rural y solo en la provincia de Burgos hay 6.  “No hay ninguno con la certeza de su desaparición, pero pende sobre todos la espada de Damocles”, ha dicho Villarrubia. 

 

“En territorios como el nuestro, con tanta dispersión, con poca población, con mucho territorio, no se puede quitar uno de los esenciales servicios públicos y de los pocos que se mantienen en el ámbito rural”, ha recalcado.

 

El secretario general de los socialistas de Castilla y León, que ha acudido al acto oficial de apertura del Año Judicial, ha defendido la permanencia íntegra de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en Burgos y ha advertido de que “cualquier cambio o ampliación” sobre el ‘status quo’ establecido ha de aplicarse “con un amplio consenso y con respeto a las competencias autonómicas”. 

 

“La posición del PSOE es el mantenimiento de la situación que hoy tenemos y, si hay que analizar algunos cambios, no nos oponemos al análisis, que sean por un amplio consenso de quien corresponde decidirlo”, ha incidido, en relación a las modificaciones que contempla el borrador de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que maneja el Ministerio de Justicia.

 

El secretario general del PSOE de Castilla y León se ha referido también al recorte de casi cinco millones de euros que contempla el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 en Justicia.

 

Según ha señalado, de los algo más de cinco millones de euros presupuestados para 2013, Castilla y León pasará a recibir 380.000 euros, según este documento. 

 

“Pero si no hay ni para papel, ni gasto corriente esencial”, ha apostillado, al tiempo que ha acusado al Gobierno del Partido Popular de “asfixiar” el funcionamiento de la Administración de Justicia. “Y para que no haya tanto colapso aprueban el copago, el tasazo, a fin de que la gente normal y corriente no pueda acudir a los tribunales y acudan menos, en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva”, ha subrayado.

 

Según estima, desde el año 2010 se ha reducido en más de un 20% la cantidad dedicada a los gastos y al funcionamiento del Ministerio de Justicia. Una circunstancia que atribuye a “las contrarreformas de este Gobierno conservador”.