La secretaria de Organización del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, acusa al Gobierno de recortar los derechos de más de 100.000 habitantes de la provincia con la reforma de la administración local. “Lo que está en juego es la prestación de los servicios sociales públicos, de calidad y proximidad que reciben los y las más de 100.000 vecinos y vecinas de la provincia que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes”, además de la cohesión social y territorial “que hemos construido entre todos y todas durante décadas”.

 

El voto en contra hoy del PP en el Pleno del Congreso a la enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “confirma nuestros peores presagios de que este es un paso más, consciente y deliberado, del desmantelamiento del estado del bienestar que tanto ha costado construir a generaciones españolas”, ha señalado.

 

Peña Camarero se pregunta “de qué sirve el rechazo del presidente del PP autonómico y de la Junta, Juan Vicente Herrera, y del presidente provincial del PP y de la Diputación, César Rico, al desmantelamiento del municipalismo, si después el Partido Popular vota todo lo contrario en Madrid”.

 

En su opinión, el Ejecutivo central debe rectificar, porque “hasta los suyos le están pidiendo que lo hagan, porque van a liquidar servicios vitales que reciben millones de personas y en el peor momento, en plena crisis económica”.

 

“Que a nadie le quepa la menor duda de que derogaremos esta ley en cuanto tengamos ocasión, tal y como ha anunciado el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías”, ha precisado.

 

Peña Camarero recuerda que Burgos es la provincia española con más municipios-371- y que cuenta con 652 entidades locales menores. También señala que tiene una densidad de población de 26,3 h/ km2, lo que supone que las consecuencias de este proyecto pueden ser “especialmente nefastas para este territorio”, recalca.

 

“En esta provincia, con una extensión de 14.292 Kilómetros cuadrados, sólo la capital tiene más de 100.000 habitantes (179.251), y dos municipios cuentan con más de 30.000, que son Aranda de Duero y Miranda de Ebro”, subraya Peña Camarero. El resto son de menor entidad. Solo Medina de Pomar y Briviesca cuentan con más de 5.000 habitantes; hay 16 ayuntamientos de entre 1.000 y 2.000, y 37 de entre 500 y 1.000. Una cantidad que se eleva hasta los  161 en el caso de los ayuntamientos con una población inferior a 500 habitantes.

 

Estas son las cifras que, para la secretaria de Organización del PSOE de Burgos, reflejan la realidad de esta provincia, “sembrada de alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas que trabajan de manera gratuita para garantizar la prestación de los servicios básicos en sus pueblos”. “Con su desaparición o el traspaso competencial a otras administraciones para que se encarguen de esos servicios no se producirá ningún ahorro, sino todo lo contrario”, recalca.

 

Peña Camarero incide en que los servicios que presta la mayor parte de los municpios burgaleses acabarían en manos de la iniciativa privada, “tras desapoderar a los consistorios de sus competencias y previo paso por las diputaciones”, un aspecto que “preocupa mucho” al PSOE, sobre todo, en el caso de las cinco residencias de mayores que gestiona la Diputación en la actualidad, entre otras cosas.

 

La secretaria de Organizción del PSOE de Burgos insiste en que cerca del 90% de los alcaldes y alcaldesas de la provincia no cobra por desempeñar esta función, con lo que “resulta especialmente sangrante que con este proyecto de ley se les pretenda dejar como meras comparsas, sin atribuciones, cuando desempeñan un papel vital”.

 

Añade que, como en el conjunto del país, no escaparán a los perjuicios de esta reforma los trabajadores del campo de lo social y los empleados públicos, “que sufrirán una vuelta de tuerca más”.

 

Entre las principales razones por las que el PSOE se opone a esta reforma se encuentra la vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local.

 

“El proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y gestión”, señala Peña Camarero.

La secretaria de Organización del PSOE de Burgos recuerda, además, el rechazo de su partido a la invasión del marco competencial de los diferentes estatutos de autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la administración local a diferentes comunidades autónomas.

 

Señala que los socialistas encuentran que el contenido del proyecto no está adecuado a las finalidades en que se fundamenta, puesto que “penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz a favor de la contención del déficit público”.

 

En definitiva, “ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales”, considera. Una consideración que se basa en que el proyecto de ley incorpora modificaciones sustanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la ley de haciendas locales, con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda.