La procuradora socialista María Fernanda Blanco considera el “colmo” que la Junta justifique el abandono del proyecto de la biomasa en Pradoluengo en las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación. De hecho, tras preguntar por escrito por las actuaciones previstas para apoyar al sector de la biomasa en Pradoluengo, la Administración regional ha argumentado en su respuesta que la suspensión de incentivos por parte del Ejecutivo central a este tipo de energías “conllevó a un cambio en la viabilidad” que supuso “un nuevo análisis de los modelos de negocio, que paralizó el interés inicial”. 

Es más, en su escrito alude al Real Decreto aprobado en julio de este año “por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, sin que se haya clarificado el régimen aplicable a estos proyectos”.

Igualmente, Blanco, de esta respuesta, no sólo censura el fondo, sino la forma. “A través de interminables frases deliberadamente ambiguas, se puede llegar a dos clarísimas conclusiones: primera, la Administración regional no ha movido un dedo para sacar adelante este proyecto y, segunda, es lo suficientemente sumisa para no decir de forma clara al Gobierno central lo nocivas que resultan las medidas para las renovables, pero, además, sí prescindir de un mínimo de lealtad y señalarlo como culpable”, critica.

Así, considera esta respuesta un “insulto a los vecinos de esta localidad que hace año y medio, a raíz de la aprobación por unanimidad de una proposición no de Ley socialista que pedía retomar el proyecto de la biomasa de Pradoluengo, albergaron la esperanza de que la Junta cumpliera si no por responsabilidad, sí por obligación”. En este sentido, Blanco adelanta que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento pradoluenguino, y en las Cortes regionales, tratará de aunar esfuerzos con los concejales ‘populares’ de esta localidad para exigir que  se cumpla el contenido de esta iniciativa. 

Y hay más, en este texto la Junta especifica que “en numerosas ocasiones, y de un modo tanto formal como informalmente, se ha abogado ante la Administración Central, encargada de fijar el régimen económico de las plantas de generación eléctrica mediante biomasa, por una especial consideración de esta tecnología, bien por el empleo generado, bien por la gestionabilidad eléctrica que aportan”. Una frase que para Blanco, sólo tiene una lectura: “le han dado carpetazo a esta importante oportunidad para la comarca Demanda-Tirón”.

Un proyecto por capítulos. La Junta se comprometió hace tres años a sacar adelante esta iniciativa, que supondría la creación de 250 puestos de trabajo, y lo abandonó sin dar una sola explicación, una vez iniciados los trabajos y estudios previos. “Mismo ‘protocolo’ que siguió con anterioridad con un plan de apoyo al textil de la comarca -que en ese momento, según la Administración regional, era  ‘inminente’- ante el progresivo cierre de las empresas del sector”, recuerda.