Estos días se debate en el Senado el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como Reforma Local o apodado “el de las dos mentiras” porque ni racionaliza ni genera sostenibilidad en nuestros pueblos y menos a quienes vivimos en ellos.

 

Somos una provincia de pueblos pequeños y pedanías, la que más pueblos tiene de toda España que han sido puestos en la diana del Gobierno de Rajoy como nuevos paganos de un mal que no solo no han cometido, sino  del que no son responsables. Me refiero a la crisis económica y al déficit público. 

 

Con los datos en la mano,  objetivamente se puede concluir  que los municipios de nuestro país solo representan el 5% de la deuda global de las administraciones públicas. Parece tremendamente injusto que siendo esto así sean puestos en cuestión y sometidos a esta contrarreforma justificada por parte del Gobierno en reducir gasto.

 

Vivo en un pueblo de esta provincia con 43 pedanías, he sido concejal en el Valle de Mena durante muchos años y conozco bien que si hay una administración sostenible y que ahorra gasto es la admistración local gracias a la labor de tantos alcaldes-as, concejales-as y pedáneos y sus vecinos. Es la primera que llega cuando algo sucede, es a la primera a la que acuden los ciudadanos cuando tienen un problema.

 

Cuando nos referimos a los grandes valores de nuestra provincia, solemos acordarnos de nuestro patrimonio artístico, natural o incluso nuestra gastronomía pero si Burgos tiene un valor por encima de todos ellos son sus ciudadanos, las personas y en este caso aquellas que ponen de su tiempo, de su vida para ocuparse de los problemas de todos, aquellas que luchan con muy pocos recursos por seguir manteniendo vivos nuestros pueblos.

 

Esta Ley que pretende aprobar el PP despilfarra y maltrata este importante recurso y empobrece nuestra democracia vaciando de competencias a una administración democráticamente elegida de forma directa, para trasladar la toma de decisiones a un despacho de la capital, al despacho del presidente de la Diputación.

 

Merece la pena subrayar que con este Proyecto de Ley se condena a nuestras 665 pedanías, instituciones de democracia directa, centenarias y de gran arraigo en nuestra cultura a la desaparición. Estas solo representan el 0,5% de la deuda total de las administraciones públicas y sin embargo van a ser las más castigadas. 

 

Y entonces por qué se las castiga y quieren hacerlas desaparecer? Quizá la respuesta esté en el jugoso patrimonio que estas han gestionado eficientemente desde hace siglos. 

Alguien en un despacho lejano, con una calculadora y un plano en la mano, alguien al que jamás le sonó el móvil un domingo cuando a un vecino no le llagaba agua al grifo, alguien que nunca entró por la puerta de un Ayuntamiento ni para reunirse con el concejal de fiestas, quiere pone en marcha un proceso de desamortización en pleno siglo XXI.

 

La Junta de Castilla y León y el PP de Burgos juegan a dos barajas con este asunto. Aparentemente se han opuesto a esta reforma de cara a la galería defendiendo las competencias que se derivan de nuestro Estatuto de Autonomía y que la Ley de Montoro vulneraria. Sin embargo  en cuanto Juan Vicente Herrera cruza el puerto de Somosierra y avista la sede de Génova, se pliega a los dictados de esta, arrodillándose ante lo que desde allí se manda aun a costa de rendir la defensa de nuestros pueblos.

 

Así lo demostró en un debate reciente en el Senado, del que fui testigo, su propio Consejero de la Presidencia. El Consejero De Santiago Juárez dio su visto bueno a la Ley aunque después y de cara de nuevo a la galería intentara suavizar sus palabras. La mejor prueba de este doble juego la veremos en el pleno del Senado cuando sus senadores-as tanto de Burgos como de Castilla y León den su voto favorable al proyecto de Ley.

 

Vulneran el Estatuto de Autonomía y rompen el acuerdo que impulsó el Psoe en Castilla y León en defensa del mundo local al que se sumaron los populares. Lo recogido en este acuerdo choca de frente con lo contenido en la ley nacional que se pretende aprobar. Y deben explicárselo a los ciudadanos, y a sus propios alcaldes y alcaldesas en la provincia porque estos tendrán que explicarle las consecuencias y dar la cara a sus vecinos cuando sufran las consecuencias de su injusta reforma.

 

Ahora veremos en estos días como intentarán retorcer a golpe de titular lo que ellos mismos van a hacer, para que algunas de las medidas de la Ley no entren en vigor hasta después de las elecciones municipales de 2015.

 

Pero si esta Ley es tan buena que incluso roza la excelencia – según ellos- ¿ por qué no la hacen entrar en vigor en su integridad desde el principio? O ¿harán también con esto como están haciendo con las pensiones, con la sanidad y la educación? Dirán que no lo tocarán pero en cuanto pasen las elecciones municipales se dispondrán a ello?

 

Van a romper con la excusa de la crisis un modelo de 35 años de Ayuntamientos democráticos sin consenso político para afrontar una reforma institucional de este calado y que mi grupo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. 

 

Hablan de reducir gasto, de reducir burocracia pero a algunos lo que parece que les sobra no es burocracia sino democracia, la democracia directa que representan nuestros municipios y los hombres y mujeres que tiran de ellos el 90% de los cuales no cobra ni un euro.