¿Dónde estaba el problema con el aborto? España tiene desde el año 2010 una ley de plazos que regula la interrupción voluntaria del embarazo y que es muy parecida a la que tienen otros países europeos, como Holanda, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Suecia o Portugal. Se trata de una Ley, por cierto, aprobada con el consenso político de la mayoría de fuerzas políticas y que se está aplicando con normalidad desde que entró en vigor y sin ningún clamor social en su contra.

Sin embargo, el Gobierno del PP ha aprobado un proyecto de Ley que acaba con ella y con la libertad de decidir de las mujeres, para volverlas a someter al dictado y la decisión de otros. Y cuando digo otros, no solo me refiero al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, me refiero a quien preside el Consejo de Ministros y que es responsable de todos estos pasos atrás que en nuestro país se están dando, me refiero a Mariano Rajoy, me refiero a aquellos parlamentarios y parlamentarias que con su voto aprobarán o no esta contrarreforma en el Parlamento.

Tenemos un presidente del Gobierno que está dispuesto a imponer, contra la voluntad de la mayoría social de España e incluso contra algunas voces dentro de su propio partido, como la del presidente de Extremadura, la delegada del Gobierno de Madrid o algunos representantes de Nuevas Generaciones del PP, una Ley fuera del tiempo y de Europa. Rajoy ha decidido crear un problema donde no lo hay. Y lo hace con el deseo claro de contentar a su electorado más extremista y retrógrado, a la extrema derecha. 

Por eso, desde estas líneas me gustaría preguntar en dónde están y qué piensan al respecto los responsables y representantes públicos del PP en la provincia de Burgos, sobre todo, su presidente, César Rico, y sus parlamentarios y parlamentarias nacionales, fundamentalmente porque serán los que tengan que votar sí o no a esta Ley en el Parlamento. Y les pregunto: ¿se alinean o no con la extrema derecha? Lo digo por saber si algunas de las voces que ya hemos escuchado estos días y que están claramente en el extremo son ‘versos sueltos’ o coinciden con la posición oficial del PP en la provincia. Estaría bien que se aclararan o poder conocer si van a decir una cosa aquí y luego van a votar otra en Madrid, como ya nos tienen acostumbrados.

Rico aún guarda silencio, pero la secretaria Nacional de Igualdad del PP y diputada por Miranda de Ebro, Sandra Moneo, ha defendido este proyecto desde el principio y la senadora del PP por Burgos, Begoña Contreras, va más lejos que el propio Gallardón y se postula en contra del aborto incluso en los casos de violación. ¿Qué calificativo merece alguien que pretende, por ejemplo, obligar a una mujer a dar a luz a un hijo o hija con graves malformaciones, a la vez que recorta las ayudas sociales y a la dependencia para ayudar a familias con estos casos?

Deberían saber en el PP, no obstante, que esta es una Ley contra todos. Una encuesta del año pasado ya reflejaba que el 81% de los ciudadanos estaba en contra y que de ellos, el 65% se declaraba votante del PP y, el 64% además, católico.

Y no nos vengan con el argumento de que lo aprueban porque iba en su programa electoral, porque sería lo único que cumplirían cuando nadie se lo pide. Bueno sí, se lo pide un sector minoritario y extremista que el PP lleva consigo. Tan extremista que hasta el líder de la extrema derecha Francesa, Jean Marie Le Pen, ha alabado esta medida. Ha sido el único en Europa, porque el resto de la derecha moderada e incluso los medios de comunicación más conservadores a nivel internacional han dicho que esto es un paso atrás y un alarde de autoritarismo por parte del Gobierno

Con el fin de saber qué piensan, con quien están los representantes del PP de Burgos, vamos a presentar diferentes iniciativas en la Diputación Provincial de Burgos, en los ayuntamientos y en las Cortes de Castilla y León para saber dónde están y, sobre todo, para aumentar la presión sobre este Gobierno y conseguir que dé marcha atrás en este proyecto de Ley, que es un ejercicio de cinismo sin límite del PP, con Rajoy a la cabeza. 

Esta Ley de supuestos apenas cubrirá el 8% de los abortos que se producen en España, con lo que dejará fuera del aborto legal a cerca de 100.000 mujeres. Bueno no a todas, algunas podrán permitirse el lujo de pagarse un viaje para ir a interrumpir su embarazo a algunos de nuestros países europeos vecinos donde tienen leyes como la que nosotros teníamos y que el PP se quiere cargar. Pero el resto quedarán condenadas de nuevo a la clandestinidad y a un aborto inseguro.

Se va a crear una enorme inseguridad jurídica. Las mujeres españolas abortarán si así lo deciden, digan lo que digan Rajoy o Gallardón, eso sí, con esta Ley se las deja desprotegidas, y se pone en riesgo su salud y su vida.

El PP quiere volver a establecer diferencias entre mujeres de primera y mujeres de segunda, entre las que puedan viajar fuera y pagárselo y las que no, pero también trata a las mujeres españolas como ciudadanas de segunda, sin capacidad para decidir por sí mismas y a las que ahora hay que quitarles el derecho legal que tenían reconocido.