El diputado nacional Luis Tudanca y el senador Ander Gil reclaman al Gobierno de Rajoy que el ministro de Industria, José Manuel Soria, informe -en el Congreso y el Senado- de los cambios  normativos que facilitarían la posibilidad de que Endesa e Iberdrola, titulares de la central nuclear de Santa María de Garoña, solicitaran una prórroga para la misma. Unas modificaciones que fueron anunciadas hace dos días por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Los socialistas recuerdan que el objeto de una central nuclear es producir energía, y que Garoña no lo hace desde diciembre de 2012, fecha desde la que se han perdido más de 200 empleos. No sólo eso, Tudanca y Gil inciden en que el PP de Burgos incumple, de manera reiterada, su promesa electoral de recuperar el plan Garoña, en concreto, “cada vez que se han presentado los presupuestos generales del Estado para el siguiente ejercicio, es decir, tres años sin que se reserve un solo euro en estas cuentas para un plan de futuro”.

Así, ambos describen el escenario actual: ni central, ni plan alternativo y adelantan que “frente al inmovilismo y silencio del PP de Burgos, cuyos parlamentarios votaron ‘no’ a nuestra enmienda a los presupuestos generales de 2012, 2013 y 2014, seguiremos defendiendo esta propuesta”.

Así las cosas, no comprenden cómo “mientras se ahoga a ciudadanos y Pymes de Burgos con subidas de impuestos, de luz y recortes en servicios básicos, el Partido Popular elabora leyes a la carta y un cheque-regalo de más de 150 millones de Euros para Endesa e Iberdrola por Garoña”.

Y es que la posibilidad de prorrogar esta planta no es únicamente grave porque supone cumplir la única máxima del PP, “beneficiar a los poderosos a costa de los más necesitados”, también abre la puerta al funcionamiento de un reactor de más de  40 años. Para los socialistas, “parece mentira” que al PP haya que explicarle que no se trata de conceder “una licencia para una tienda de ultramarinos”, por lo que exigen “seriedad” al Gobierno, que se traduzca en “menos improvisación en materia energética, que no gobiernen a golpe de titular y, sobre todo, dejen trabajar sin injerencias y presiones políticas al Consejo de Seguridad Nuclear”, que será el organismo que tenga que pronunciarse, sobre las condiciones de la renovación de la autorización de la expotación, después de que el Ejecutivo central apruebe el Real Decreto. Un proceso delicado y complejo que, según han apuntado fuentes del propio CSN, podría prolongarse hasta tres años.