Mientras la Junta ha hecho caso omiso a la petición socialista, planteada hace casi dos meses, de tomar -de manera urgente- medidas en relación a la oferta por parte del Gobierno cántabro de suelo gratuito, la Comisión Europea ha admitido la denuncia presentada formalmente por la Diputación vizcaína. De esta manera, se ha abierto expediente y Cantabria deberá responder ante este organismo. 

El planteamiento de la formación socialista era claro: la Administración autonómica, presidida por el burgalés Juan Vicente Herrera, debía reunirse de manera inmediata con el Gobierno cántabro; explicar cuáles son estas medidas que afectan fundamentalmente a Burgos y Palencia; y elaborar un informe jurídico para comprobar si estas ayudas -impulsadas para que las industrias se instalen en su territorio- se ajustaban a la normativa española y europea.

En esta línea, David Jurado anuncia que trasladarán diferentes iniciativas a las Cortes autonómicas encaminadas a que la Junta dé todos estos pasos que el PSOE considera “imprescindibles”.

Y es que, como explica el procurador socialista David Jurado, la reacción de la Junta ha sido “simplemente no reaccionar”. En esta línea, confiesa que su formación ya está “más que acostumbrada a que el PP de Burgos y de Castilla y León no muevan un dedo para defender ante sus ‘jefes’ de Madrid los intereses de nuestro territorio”, pero que “por lo visto también tienen miedo a incomodar a las comunidades que son de su mismo color político”.

Y es que a la pasividad de la Administración autonómica, se suma otra, según Jurado, “de serie”, la del Ejecutivo central. El Gobierno todavía no ha respondido a las preguntas presentadas por el PSOE en el Congreso que persiguen que el Ministerio de Hacienda aclare si estos incentivos afectan a la libre competencia; si pueden considerarse ayudas de Estado, como sí lo hace la Unión Europea, y por tanto fueran ilegales; si se ha planteado alguna vigilancia; y si igualmente ha recibido consultas de Asturias, País Vasco y Castilla y León sobre este plan de Cantabria.

El procurador también aclara que no va a ser el PSOE el que inicie “una guerra de agravios”, puesto que desde su formación “siempre se ha pedido una política de diálogo”.

Por todo ello, también exige al PP de Castilla y León y de Burgos que, de una vez, realicen  una política empresarial “seria” en nuestra provincia. En definitiva, un plan estratégico para el desarrollo industrial, que aglutinara a todos los agentes sociales, una propuesta que el PSOE planteó hace tiempo a la Junta. “Este asunto le quita tanto el sueño a los responsables regionales que todavía estamos esperando a que nos contesten”, ironiza Jurado.