El coste del hospital Universitario de Burgos -un centro construido, equipado y gestionado por el modelo de concesión de obra pública- alcanza ya los 528 millones de euros; es decir, ha habido un sobrecoste de 286. En las cuentas del año 2012 -depositadas en el Registro Mercantil por las empresas que forman la concesionaria- se reflejan dos grandes modificados: uno que se refiere a la reclamación de obra por importe de 133,6 millones (firmado el 27 de diciembre de 2010) y, otro, relativo a la reclamación de equipamiento por importe de 152,5 (firmado el 23 de noviembre de 2012).

Pero no sólo eso, las cuentas de la concesionaria recogen que aún quedan reclamaciones por resolver y, por tanto, esta cifra puede incrementarse.

Así lo han denunciado hoy el secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, y la procuradora socialista en las Cortes regionales María Fernanda Blanco, quienes consideran que estamos ante “uno de los mayores escándalos de nuestro país en lo que se refiere a contratos públicos”.

Pero el asunto, como han explicado, es aún más grave. La mayor parte de este sobrecoste no es por haber ejecutado más obra o por haber equipado mejor el hospital, sino que se deriva de las compensaciones por los retrasos, del reequilibrio financiero de la concesionaria y de otros gastos. “Es decir, se compensa de forma millonaria a las empresas incluso por la demora de dos años y medio en la puesta en marcha del centro”, lamenta. “No vamos a parar hasta que el modelo se revierta”, ha advertido.

El contrato inicial establecía, con una inversión de 242 millones de euros prevista, que el coste para la administración al final de la vida del contrato sería de 1.000. Con estos nuevos datos, “lo que nos va a costar el hospital de Burgos cuando acabe el contrato 30 años después, será de más de 2.000. El hospital de Burgos es una hipoteca que ha firmado en nuestro nombre el PP de Castilla y León y que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”, ha denunciado el líder de los socialistas burgaleses, quien también ha adelantado que le PSOE acudirá al Tribunal de Cuentas, paso con el que esperan depurar responsabilidades.

“Llevamos años advirtiendo de lo que iba a ocurrir”, ha recordado Tudanca. Y es que el modelo se justificó en tres mentiras: iba a ser más rápido, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió públicamente a poner en marcha el hospital en junio de 2009 y éste se abrió a principios de 2012. Sería más barato, mentira, como demuestran las cifras del sobrecoste, además de que en el plan de negocio presentado por la empresa se establece una tasa interna de rentabilidad del 6,9% tras la aprobación de los modificados. Tampoco ha sido más sostenible, el PP argumentaba en 2005 que no podía hacer frente a la inversión con sus presupuestos ordinarios. Pues bien, el canon anual que se debía pagar a la empresa durante 30 años y que estaba estimado en unos 38 millones se ha convertido en 71 en el primer año según los presupuestos regionales y en 69 millones para 2014. “Con ese ritmo inversor, y teniendo en cuenta el presupuesto inicial de 232 millones, podíamos haber pagado el hospital íntegramente con fondos públicos en tres años y medio”, señala Tudanca, quien también recuerda que el PSOE llevó a las Cortes de Castilla y León una petición para que se creara una Comisión de Investigación. “La respuesta del PP fue el silencio y el rodillo parlamentario. Como siempre”, ha lamentado María Fernanda Blanco, quien también ha anunciado la petición de comparecencia del consejero Antonio María Saéz Aguado, "que confiese cuánto dinero le va a costar la ciudadanía este atraco". “En dos ocasiones la Junta sí dio cifras, eso sí, falsas”, ha ironizado y recordado que la propia Comisión Nacional de la Competencia advirtió de las consecuencias muy negativas de estas fórmulas de gestión de la sanidad, dado que pueden encarecer innecesariamente el coste del servicio y conducir a una calidad inadecuada de los servicios recibidos por los usuarios.

La Comisión Europea ha abierto un expediente para investigar el proceso de adjudicación del nuevo hospital, puesto que la Junta ha dado trato de favor a las empresas. “Se trata de un negocio redondo en el que, una vez se lo he adjudicado a quien yo quería, a los de siempre, cambió las condiciones para que el negocio sea incluso más beneficioso”. “Me gasto mucho más dinero, les garantizo la rentabilidad por contrato y, además, los avalo ante el Banco Europeo de Inversiones para que puedan financiarse. Ningún riesgo, todo beneficio para las empresas”, relata Tudanca. 

Además, denuncia, “el PP ha intentado siempre dificultar el acceso a la información” y, finalmente, “obtuvimos gran parte de ella a través de las cuentas que las empresas depositan en el Registro Mercantil”. Pues bien, a raíz de aquella denuncia, las empresas dejaron de depositarlas e incumpliendo la Ley, “llevamos años sin poder tenerlas”. Por eso, el Ministerio de Economía ha abierto un expediente sancionador. 

“Yo me pregunto: Si en Madrid, por el proceso de privatización ha dimitido, al menos, el consejero de Sanidad, qué no tendría que pasar aquí cuando muchas de las decisiones que han tomado han empeñado el futuro de nuestra sanidad para décadas. Yo, desde luego, le recordaría a Herrera aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas pelar”, ha sentenciado.