Para los socialistas, la “reestructuración o reorganización sanitaria”, derivar personal sanitario de los municipios a las capitales de provincia, es un eufemismo más del Partido Popular, porque su decisión de modificar el mapa de puestos de atención primaria en las zonas rurales no es más que otro “recorte encubierto”. Así lo han explicado el procurador David Jurado y la diputada provincial Esther Peña.

Por eso, exigen al consejero de Sanidad que retire “ya” este plan. Y lo harán mediante diferentes iniciativas, como una proposición no de Ley, que se debatirá próximamente y con la que se pretende instar a la Junta a que “no castigue a la población con este recorte”. Una exigencia que los socialistas justifican en la moratoria que establece la propia Ley de Ordenación del Territorio.

Y es que, han explicado, este plan además “choca” con las leyes autonómicas. “El PP incumple sus propia normativa” porque en esta Comunidad se aprobó esta Ley de Ordenación del Territorio con un gran consenso, estableciendo una moratoria en la prestación de servicios públicos, es decir, que éstos deben mantenerse tal cual están hasta la aprobación del mapa de servicios que vendría derivado de esa ley”, ha explicado el procurador. Por desgracia, ha dicho Jurado,  “éste es el mejor ejemplo para ilustrar qué supone la aprobación de la Reforma Local del ministro Montoro en nuestra Comunidad”. Así, para dar explicaciones sobre esta incompatibilidad, han solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Por supuesto, también exigirán explicaciones al responsable de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.

Ambos socialistas lo tienen claro: “el Partido Popular y la Junta han puesto de nuevo en el punto de mira a los más débiles: al medio rural, los mayores y los enfermos”. Y es que la Gerencia de Sanidad sigue sopesando mantener o no plazas de sanitarios en función de la población, “todos entendemos que no se pueden medir los puestos de atención primaria rural solo en cuanto a número de personas atendidas como se hace en los centros urbanos”, ha evidenciado Peña Camarero, quien ha añadido que “se debe tener en cuenta otros conceptos como la dispersión o el envejecimiento poblacional”.

“No es que, como dice el PP, no haya fondos sino que éstos se están destinando al hospital privatizado de Burgos. Es decir, al beneficio de esas cuatro empresas amigas”, han añadido.

Igualmente, la diputada provincial ha criticado duramente que el documento presentado por la Gerencia “adolece de un análisis serio de la pertinencia tanto de las amortizaciones como de los traslados”. Este plan, que lleva más de dos años intentándose implementar y “no hay manera”,  acarrea innumerables modificaciones. De hecho, hasta hace cuatro días, se pretendían eliminar 259 plazas en toda la Región, hoy son 73, “como siempre, alarmando a la población y a los profesionales”, ha lamentado.

Además, Peña Camarero ha destacado la nula y permanente oposición por parte de los sindicatos hacia este documento y ha relatado que en un principio consistía en el traslado de algunas plazas y la amortización de otras. Ante las críticas, también del PSOE, hacia la decisión de la amortización de estos puestos, la Junta decidió no aplicarlo, por lo menos de manera oficial, porque, como ha explicado la diputada provincial, “por la vía de los hechos sí ha sucedido ya en la provincia con ocho plazas”.

A día de hoy, la pretensión de la Junta es trasladar personal sanitario de las áreas rurales a las urbanas, en el caso de Burgos 10 médicos y 8 enfermeros (de Burgos rural Sur, Espinosa de los Monteros, Lerma, Roa, Sedano, Valle de Valdebezana y Villadiego), echando mano del siguiente argumento: “la disparidad en las cargas de trabajo entre los que están en la capital y los del medio rural”. “Como siempre el PP supedita un servicio público, esta vez el sanitario, a la rentabilidad económica. Esta reordenación es un nuevo ataque a las personas más desprotegidas”, ha sentenciado. “Si se tuviera en cuenta la carga de trabajo habría que aumentar las plazas y no disminuirlas en el medio rural”, ha defendido Peña Camarero.

Y si el Partido Socialista estuvo del lado de los vecinos de Oña y Pradoluengo para que repusieran las guardias médicas nocturnas, esta vez la ciudadanía afectada también contará con su apoyo incondicional y además los invitan a que se movilicen. “Basta ya de penalizar la enfermedad, primero con el céntimo sanitario, después con el copago y ahora con esta reestructuración”, ha sentenciado la diputada provincial.