La celebración de la Jornada ‘Hospital privado de Burgos. Del pelotazo urbanístico al sanitario’ ha constatado la gran preocupación de la ciudadanía por la privatización de la sanidad y, en concreto, por las graves consecuencias del modelo -concesión de obra pública- elegido por la Junta para el centro hospitalario burgalés.

No sólo la gran afluencia de público -en el que se encontraban varios profesionales y asociaciones del ámbito sanitario- ha sido prueba de este gran malestar, también las preguntas y planteamientos de muchos asistentes han evidenciado el hartazgo ciudadano. De hecho, como adelantó el secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, esta labor de divulgación va a extenderse por toda la provincia “porque esto también va a perjudicar gravemente los medios que se destinan a la sanidad. Por ejemplo, al hospital que ya probablemente no se va a construir, el comarcal de Aranda de Duero, al proyecto del centro de salud Miranda Oeste o a las nuevas dotaciones sanitarias. Todo bajo el discurso de la eficacia de la privatización que al final consiste en anteponer los intereses de cuatro constructores a los intereses generales de la ciudadanía”.

 

En su intervención, el líder de los socialistas burgaleses recordó que el coste de este hospital -un centro construido, equipado y gestionado por el citado modelo de concesión de obra pública- alcanza ya los 528 millones de euros; es decir, ha habido un sobrecoste de 286. En las cuentas del año 2012 -depositadas en el Registro Mercantil por las empresas que forman la concesionaria- se reflejan dos grandes modificados: uno que se refiere a la reclamación de obra por importe de 133,6 millones (firmado el 27 de diciembre de 2010) y, otro, relativo a la reclamación de equipamiento por importe de 152,5 (firmado el 23 de noviembre de 2012).

La mayor parte de este sobrecoste no es es fruto de haber ejecutado más obra o haber equipado mejor el hospital, sino que se deriva de las compensaciones por los retrasos, del reequilibrio financiero de la concesionaria y de otros gastos. “Es decir, se compensa de forma millonaria a las empresas incluso por la demora de dos años y medio en la puesta en marcha del centro”, lamentó. “No vamos a parar hasta que el modelo se revierta”, advirtió. Pero no sólo eso, las cuentas de la concesionaria recogen que aún quedan reclamaciones por resolver y, por tanto, esta cifra puede incrementarse.

El contrato inicial establecía, con una inversión de 242 millones de euros prevista, que el coste para la administración al final de la vida del contrato sería de 1.000. Con estos nuevos datos, “lo que nos va a costar el centro hospitalario cuando este contrato acabe 30 años después será de más de 2.000. El hospital de Burgos es una hipoteca que ha firmado en nuestro nombre el PP de Castilla y León y que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”, denunció en este acto el líder de los socialistas burgaleses, quien también ha recordado que el PSOE ha acudido al Tribunal de Cuentas, paso con el que esperan depurar responsabilidades.

“Llevamos años advirtiendo de lo que iba a ocurrir”, recordó. Y es que el modelo se justificó en tres mentiras: iba a ser más rápido, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió públicamente a poner en marcha el hospital en junio de 2009 y éste se abrió a principios de 2012. Sería más barato, mentira, como demuestran las cifras del sobrecoste, además de que en el plan de negocio presentado por la empresa se establece una tasa interna de rentabilidad del 7% tras la aprobación de los modificados.

Tampoco ha sido más sostenible, el PP argumentaba en 2005 que no podía hacer frente a la inversión con sus presupuestos ordinarios. Pues bien, el canon anual que se debía pagar a la empresa durante esas tres décadas y que estaba estimado en unos 38 millones se ha convertido en 71 en el primer año según los presupuestos regionales y en 69 millones para 2014. “Con ese ritmo inversor, y teniendo en cuenta el presupuesto inicial, podíamos haber pagado el hospital íntegramente con fondos públicos en tres años y medio”, señaló Tudanca, quien también recordó que el PSOE llevó a las Cortes de Castilla y León una petición para que se creara una Comisión de Investigación. “La respuesta del PP fue el silencio y el rodillo parlamentario”, lamentó.